ERP. El grupo de ex trabajadores talareños de la empresa nacional de hidrocarburos quienes esperan desde hace seis años se cumpla con pagarles una reparación civil por despido arbitrario ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evaluarán acciones de fuerza ante del Ministerio de Justicia y Petroperú.
El representante de estos ex trabajadores petroleros, Abraham Montero Ramírez, señala que con fecha 16 de febrero 2023, de la PCM le solicita nueva información al Ministerio de Justicia, amparada en el informe 412-2022-JUS/PGE-PPES se precisa que la obligación del cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la CIDH corresponde a las entidades determinadas por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado y en la que se incluye a Petroperú.
“Lo que se aprecia en este trámite de cumplimiento de la sentencia de la CIDH es que se están evadiendo responsabilidades “tirándose el balón" entre los responsables y escudándose en los trámites burocráticos”, comenta Montero Ramírez.
Agrega que la PCM le solicita al MINJUS informe y una explicación más contundente y actualizada porque se aprecia que repite lo mismo en sus informes y no cumplen, hasta la fecha, con las reparaciones ordenadas por la CIDH en su sentencia.
En ese sentido, insta a sus representados a exigir justicia reiniciando nuestras medidas de lucha. “El 17 febrero 2023 enviaron documento solo para justificar que están atendiendo el caso de forma más no ven el fondo del asunto que son las reparaciones que tienen que cumplir con las víctimas. Todo es una burla y un paseo que nos están haciendo. Ya es tiempo para volver a reaccionar y retomar medidas de fuerza”, sentenció.
Dato
Han pasado 27 años desde que Petroperú los despidió de manera injustificada junto a otros más de mil trabajadores. La mayoría aceptó un incentivo económico que les brindó la empresa estatal tras su salida. Sin embargo, el grupo de 85 ex trabajadores decidió ir a juicio en el Poder Judicial para ser repuestos. Acudieron a las más altas instancias judiciales en el Perú, pero su pedido no fue aceptado. Al no hallar respuesta presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, luego de 19 años, resolvió en el año 2017 no reponerlos en sus puestos, pero le otorgó una reparación a favor de los 85 trabajadores despedidos.
