ERP/A.Abad. El presidente de la Asociación Provincial de Abogados de Talara, Roberto Farías Ruíz, señaló que las leyes que dan el marco jurídico a la lucha contra la corrupción no servirán de mucho si es que no se implementan los mecanismos para su cumplimiento y fiscalización, pues no sólo se trata de que se denuncie la corrupción, sino que la misma se investigue y principalmente que se sancione.
“Algo que lamentablemente hasta ahora no se hace y por el contrario se continúa cayendo en la impunidad”, sentenció.
Luego dijo que al igual que muchos peruanos espera que las normas legales anticorrupción no se conviertan en otras más, pues son ya varias las iniciativas legislativas que se han dado para la lucha contra la corrupción; sin embargo, sólo han quedado en el papel, porque no se implementaron los mecanismos para que se hagan efectivas.
Farías Ruíz recordó que hace algunos años se aprobó la Ley de Protección al Denunciante que establece que los funcionarios y servidores públicos y cualquier ciudadano que denuncien hechos probados de corrupción en las instituciones estatales, no podrán ser objeto de represalias ni despidos. La norma también dispone otorgar una compensación económica de comprobarse que las denuncias formuladas estén debidamente sustentadas. Asimismo, establece sanciones para aquellos que formulen denuncias de manera maliciosa.
Finalmente, agregó que la norma legal indica que cualquier persona que tenga información importante para luchar contra la corrupción, podrá denunciar dentro o fuera de un proceso penal, con la tranquilidad que el Estado le brindará protección para su vida, sus seres queridos y sus bienes materiales, e incluso se le concedería seguridad a su vivienda y su entorno familiar.
“Lamentablemente, hasta la fecha se hicieron públicos tantos escándalos de corrupción que han involucrado a ex gobernantes, ex ministros y altos funcionarios públicos y privados quienes luego de procesos judiciales que duraron años, salieron impunes”, finalizó.
