ERP. En un contexto nacional marcado por retrocesos en materia de derechos humanos, la organización Generación Orgullo presentó oficialmente el estudio “Discriminación y violencia hacia personas LGBTQ+ en Piura”, un esfuerzo pionero que visibiliza las múltiples formas de exclusión y violencia que enfrenta esta población en la región.
La actividad se realizó en el Colegio de Ingenieros de Piura y contó con la participación de autoridades locales, activistas y representantes de instituciones aliadas. El estudio, elaborado a partir de encuestas, entrevistas y análisis de casos, recoge las voces de personas LGBTQ+ en Piura que han sufrido discriminación, exclusión y violencia en espacios cotidianos, así como dentro de instituciones del Estado.
Entre los principales hallazgos, se destaca que 9 de cada 10 personas LGBTQ+ han sido víctimas de discriminación, especialmente en entornos religiosos, laborales, educativos y comerciales. Asimismo, se reportan agresiones verbales, acoso sexual y hostigamiento en línea como prácticas frecuentes.
“El estudio no solo muestra datos, sino también historias que reflejan el abandono institucional y el vacío de políticas públicas inclusivas en nuestra región”, sostuvo Alex Núñez, presidente de Generación Orgullo.
“La comunidad LGBTIQ+ es una población en vulnerabilidad. Queremos exigir a las autoridades que dejen de tomar acciones en contra de nuestra comunidad. Sabemos que los grupos antiderechos están en el Ejecutivo y tratan de desmantelar los pocos avances que teníamos en Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también está siendo amenazado, y por eso alzamos nuestra voz de protesta para proteger la política de igualdad de género y a los grupos en situación de vulnerabilidad”, declaró.
Uno de los casos emblemáticos que recoge el informe es la desaparición de Antony Camizán en 2022, que refleja la falta de acceso a la justicia y la indiferencia frente a la violencia estructural. Además, el documento advierte que la región carece de una Política Regional de Igualdad de Género que incluya de forma explícita a la población LGBTQ+, lo que perpetúa la exclusión institucional.
Durante la mesa de comentarios, la consejera regional Karina Morales fue enfática en señalar la debilidad del marco normativo para sancionar discursos de odio: “Existe mucha discriminación que debe ser sancionada. A nivel político, el Jurado Nacional de Elecciones no ha dado ninguna lección clara sobre las denuncias que podríamos presentar. Sin embargo, cuando escuchas a un candidato como Antauro Humala y sus comentarios hacia la comunidad, te preguntas dónde está el marco normativo de un país que permita sancionar a un candidato presidencial que se manifiesta con agresiones. Y como él, muchos otros”.
El estudio constituye una herramienta clave para incidir en la formulación de políticas públicas inclusivas, así como para sensibilizar a las autoridades y a la ciudadanía sobre la urgente necesidad de garantizar derechos básicos como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el empleo en condiciones de igualdad.
Participaron también en la mesa de comentaristas Ortelia Valladolid, coordinadora de Incidencia de Cutivalú; y José Luis Velásquez, coordinador de la Udavit Piura, quienes coincidieron en que este informe debe ser un punto de partida para articular una respuesta regional frente a la discriminación sistemática que afecta a la comunidad LGBTQ+.
