ERP. La Contraloría General amplió la convocatoria para incorporar a nuevos Monitores Ciudadanos de Control (MCC) en la región Piura, con la finalidad reforzar la supervisión de obras públicas y así garantizar el buen uso de los recursos del Estado. La modalidad es presencial y/o remota, debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.
La convocatoria está dirigida a ciudadanos de las ocho provincias piuranas, donde los monitores, de manera voluntaria y gratuita, realizarán vigilancia social a las obras y contrataciones públicas que se les asigne en el ámbito de su distrito, con la finalidad de verificar que estas se ejecuten de acuerdo a la normativa vigente. Se espera una mayor participación en las localidades de Suyo, Sícchez, Paimas (Ayabaca), Santa Catalina de Mossa, San Juan de Bigote (Morropón) y Tamarindo (Paita).
Los interesados en participar en esta convocatoria y pertenecer a este programa, a cargo de la Subgerencia de Participación Ciudadana de la Contraloría, deberán ingresar al siguiente enlace https://monitorciudadano.contraloria.gob.pe hasta el próximo 31 de marzo de 2022.
Los ciudadanos que cumplan con los requisitos y aprueben la capacitación de la Contraloría General adquirirán la condición de Monitores Ciudadanos de Control y estarán aptos para participar en las intervenciones aprobadas por esta Entidad Fiscalizadora Superior.
En el 2021, el programa MCC realizó 1619 intervenciones en 97 entidades públicas de la región. Producto de ello se emitieron 76 acciones de oficio posterior, 12 informes de visitas de control y 19 orientaciones de oficio. Actualmente, Piura cuenta con 816 voluntarios, debidamente capacitados y acreditados, quienes realizan el control social de forma remota y presencial.
Datos
Los requisitos son: peruano en el ejercicio de sus derechos civiles, mayor de edad (18 años), no prestar servicios laborales en los órganos del Sistema Nacional de Control bajo ninguna modalidad ni en las entidades sujetas a su ámbito, o tener antecedentes penales, judiciales o policiales ni proceso judicial en materia penal.
También son requisitos no estar suspendido o inhabilitado en las entidades públicas, colegios profesionales, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ni estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
