ERP. El Contralor General Nelson Shack realizó un informe detallado de lo realizado dentro del marco de sus competencias en la región Piura. Esta acción comprendió 179 servicios de control posterior y casi 25 mil millones de soles que fueron ejecutados por instituciones públicas como el Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Provincial de Sullana y otras, además, indicaron que en el 2022 se tomarán en cuenta aquellas no comprendidas.
Además del Contralor General participó el jefe de control de la región Piura Joan Ramírez, quien indicó que se alertó sobre 225 riesgos, se detectaron 151 hechos irregulares y 289 funcionarios y servidores con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal. Asimismo, informaron que se evaluaron 191 denuncias y realizaron 40 actividades de integridad y prevención durante Mega operativo de Control.
Nelson Shack, fue interrogado respecto a presuntos actos de corrupción en la Universidad Nacional de Piura y que hasta el momento no existe una acción concreta que determine la realidad de la situación de la indicada casa de estudios, indicó que existe aún tareas pendientes en todas las universidades públicas y espera remediar en el 2022.
Igualmente, comentó respecto a la designación del abogado Mario Quispe Suárez, quien asumió el cargo de Gerente de la Subregión Luciano Castillo Colonna, sin tomar en consideración que sería candidato a gobernador; el contralor precisó que tal medida no constituye delito y que, si lo sería, si usan los recursos del gobierno regional para hacer proselitismo.
Con relación a los servicios de control simultáneo efectuados, la Contraloría realizó 145 intervenciones (es decir, 272% más de lo programado) en las modalidades orientaciones de oficio (81), control concurrente (40) y visita de control (24). Como consecuencia de ello, se advirtieron 225 situaciones adversas, de las cuales 59 fueron resueltas o están en proceso de implementarse medidas para superar las observaciones encontradas por las comisiones de control.
Principales hallazgos como resultado del Megaoperativo
• Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara - Petroperú
La labor de los auditores permitió detectar un perjuicio económico mayor a los S/ 1115 millones en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. Se evidenció una demora en la contratación oportuna del componente de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (cuya función es proveer servicios a los procesos de las unidades para la refinación de petróleo crudo), lo que generó y originará gastos y pagos adicionales a contratistas y proveedores. Estos hechos provocaron un perjuicio por pagos realizados a proveedores de servicios alternativos como grupos electrógenos, energía eléctrica, aire comprimido, climatización, entre otros, hasta el 31 de diciembre de 2020. En este caso, 44 funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en estos hechos.
• Carretera Chanchaque-Huancabamba - Provías Nacional
Mediante un servicio de control concurrente a la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Canchaque – Huancabamba, se advirtió una demora en la activación de la póliza de seguro todo riesgo de construcción (CAR) en la obra de la carretera Canchaque – Huancabamba, lo cual dificultaba el reinicio de los trabajos, cubrir los daños ocasionados por el aluvión de marzo último y generaría futuros problemas socioambientales. También se constató la falta de sistema de drenaje en los depósitos de material excedente de la obra que ocasiona saturación y pérdida de la capacidad de cohesión del material depositado por efecto de las lluvias. Dicha situación afectaría su estabilidad y podría provocar su colapso, así como mayores daños y costos al proyecto. La Subgerencia de Control de Megaproyectos continúa con el acompañamiento a esta importante inversión de más S/ 490 millones.
• Defensas ribereñas del río Piura tramo II - Gobierno Regional de Piura
Se identificó un perjuicio mayor a S/ 5 millones en esta entidad debido a irregularidades en el procedimiento de selección, expediente técnico, ejecución de la obra, supervisión y contratación directa para el saldo de obra de las defensas ribereñas del río Piura tramo II. El comité de selección otorgó la buena pro a un postor único que no acreditó los requisitos. Los funcionarios aprobaron el expediente con la inclusión de trabajos ejecutados en la construcción del puente Juan Pablo II. Esta situación ocasionó un perjuicio económico, debido a una sobrevaloración de los precios de las maquinarias utilizadas. También se detectaron irregularidades en pagos por trabajos no ejecutados, en la supervisión de la obra y en la contratación directa para el saldo de obra. Veintitrés funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa.
• Control en hospitales de Piura
Como parte de los servicios de control concurrente, durante el Megaoperativo en Piura se intervino en los cuatro hospitales estratégicos, dos en la provincia de Huancabamba, otro en Ayabaca y uno en Piura. En estas obras se identificaron diferentes situaciones adversas, como retrasos y deficiencias en la construcción. Estos proyectos debieron concretarse este año; sin embargo, su avance oscila entre el 35% y 54%, pese a la demanda de la población por recibir atención médica, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
Asimismo, se realizaron diversos servicios de control con hallazgos contundentes en Hospital Santa Rosa, en los municipios provinciales de Ayabaca, Sullana, Sechura y en los municipios distritales de Colán y Salitral. Cabe destacar que, actualmente, existen 10 servicios de control posterior en proceso que concluirán este año y en los que se está evaluando más de S/ 156 millones. Las entidades auditadas son la Municipalidad Provincial de Sullana, Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, Municipalidad Distrital de Salitral (Morropón), Hospital Santa Rosa, UGEL Huancabamba, Municipalidad Distrital de Catacaos, Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, EPS Grau y Municipalidad Provincial de Talara.
Evaluación de denuncias
Durante el megaoperativo de control también se cumplió la meta de 191 denuncias ciudadanas atendidas, de las cuales 77 de ellas se atendieron vía formulario web, 56 mediante Mesa de Partes, 53 a través de las audiencias públicas “La Contraloría te escucha” y cinco denuncias fueron atendidas de oficio. Asimismo, se realizaron 40 actividades transversales de integridad y prevención como las audiencias públicas virtuales, charlas de sensibilización, cursos “El control social en tus manos”, entre otros.
Reconstrucción del sismo
Durante la jornada en Piura, el contralor general, Nelson Shack, se reunió con los representantes del Gobierno Regional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) en la región. El motivo del encuentro fue conocer y evaluar los avances comprometidos en relación plan de reconstrucción por el sismo de 6.1 de magnitud ocurrido el pasado 30 de julio, conforme al Decreto Supremo Nº 146-2021-PCM que declaró el estado de emergencia para atender a los damnificados y que se extendió con otros dispositivos legales.
Luego de más de cuatro meses del fuerte movimiento telúrico que dejó 6 344 damnificados y 7 869 viviendas afectadas, destruidas o inhabitables, según el último Informe de Emergencia del Indeci; no se han reportado avances significativos. Se conoce que, en octubre de este año, una comisión de trabajo aprobó la elaboración del plan de rehabilitación y reconstrucción el cual aún no levanta las observaciones de la Contraloría y la versión final estaría pendiente de aprobación por el Gobierno Regional de Piura, situación que limita a la Contraloría iniciar el acompañamiento del control concurrente comprometido para su ejecución.
Durante su intervención, el contralor Shack Yalta reveló que, como resultado de un metaanálisis de los servicios de control y de las plataformas de información pública que dispone la Contraloría General, se identificaron 438 empresas privadas que están relacionadas en 285 informes de control posterior emitidos en los últimos cinco años. En ellos se identificó presunta responsabilidad penal en 1390 funcionarios/as y servidores/as públicos. A dichas empresas se habría adjudicado obras y/o servicios por más de 40 mil millones de soles. En el presente año, 252 de estas empresas ganaron 565 procesos de contratación por un valor de S/ 1571 millones. La información será remitida al Congreso de la República, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que inicien las investigaciones correspondientes.
El dato:
Durante el Megaoperativo de Control Piura, que se inició el 9 de julio del 2021, se supervisaron 124 entidades públicas, de las cuales 72 de ellas son Gobiernos Locales, 30 corresponden al Gobierno Nacional y 22 al Gobierno Regional.
Como producto del control posterior, las comisiones auditoras detectaron un perjuicio económico de S/1135 millones.
