ERP. El río Piura se desbordó en el 2017 causando grandes destrozos en poblaciones ribereñas y asustó el último 26 de febrero; esta situación obliga a realizar acciones en toda la cuenca y con esa finalidad se contrató a la empresa para que realice el expediente técnico respectivo; sin embargo, lo que es prioritario para Piura se ha visto envuelto en un tema legal de nulidad. Con el presente análisis que realiza el especialista en contrataciones públicas Carlos H. Campos Seminario, otorgamos más luces sobre el tema.
Según Campos Seminario "Han transcurrido más de siete días desde que el Gerente del PEIHAP en una decisión controvertida por decir lo menos, declaró la nulidad de oficio del Contrato para elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Plan Integral para control de inundaciones y Plan Maestro de Drenaje Pluvial de área de los distritos de Piura, Castilla y 26 de octubre”; proyecto de singular importancia para la región en las circunstancias actuales. En diversos medios y por distintas instituciones y personas se ha cuestionado la decisión de este funcionario, por una razón de tan poca relevancia para el objetivo del proyecto, como lo es la dirección para notificaciones; argumento que se debilita más, cuando se conocen pormenores, como el hecho de que en el contrato se ha fijado dicha dirección para notificaciones, no como domicilio de la empresa, mucho menos como el local donde se elaboraría el Expediente, al respecto como ya se ha mencionado, las notificaciones durante la vigencia del contrato se realizan en el domicilio señalado por el contratista, y se considera válida la notificación para todos los efectos, con mayor razón si es una notificación por vía notarial; por tanto, no era necesaria intervención policial y demás parafernalia".
Carlos Campos Seminario realiza nuevo análisis de 'laberinto' por anulación de contrato
Precisa que "Cabe mencionar que la Ley de Contrataciones del Estado, y el Reglamento del Procedimiento Especial para la Reconstrucción con Cambios, contempla la declaratoria de nulidad de un contrato como una potestad no como una obligación del titular de la entidad; debiendo evaluar el caso concreto atendiendo a criterios de eficiencia y eficacia; del mismo modo establece como obligación del Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, evaluar la decisión de conciliar o de ir a un arbitraje, considerando criterios de costo beneficio, y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje o resolver la controversia a través de la conciliación, análisis que debe ser plasmado en un informe técnico-legal; en esta línea de análisis, el Gobernador Regional como Titular de la Entidad, único facultado para declarar la nulidad de un contrato bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, tiene la enorme responsabilidad de decidir, o cubrir la negligencia, para algunos dolosa, de los funcionarios del PEIHAP; o privilegiar la finalidad pública del Proyecto en controversia, disponiendo las acciones correctivas que correspondan, y la continuidad del proyecto. Al respecto debe tenerse en cuenta que en la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, el PEIHAP es un órgano desconcentrado que depende funcionalmente de la Gobernación Regional; y en concordancia, el DS 054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, establece que Proyecto Especial es una forma de organización sin personería jurídica, ejecuta las normas técnicas dispuestas por la entidad a la que pertenece, cuenta con una estructura funcional que se desarrolla en el manual de operaciones y puede contar funcionalmente con un Consejo Directivo que se constituye en su máximo órgano de gobierno".
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Carlos H. Campos Seminario – Master Gestión Pública – Especialista Contrataciones del Estado – Especialista Tributación Municipal
