ERP. "No están bien asesorados y actúan de manera precipitada" indicó el representante del Consorcio Español Inundaciones Josep Ruiz Boqué refiriéndose al gobierno Regional de Piura, indicando que no sabe como se "deshace" el embrollo en el cual han sido llevados con la anulación del contrato y que en defensa de la realidad de los hechos, presentarán arbitraje y las medidas legales que sean necesarias.
En efecto, en la tarde de ayer, se reunió el representante del Consorcio Josep Ruiz Boqué con los medios de comunicación, para desvirtuar todos los argumentos usados por los funcionarios del PEIHAP para anular un proyecto que estaba en proceso de ejecución y cuyo domicilio, según su versión, se encuentra perfectamente informado y no existe ilegalidad alguna, considerando que la dirección que se sustenta para la medida arbitraria era para notificaciones.
Para muchos especialistas impericia de los funcionarios regionales del PEIHAP, para otros mala fe e igualmente irresponsabilidad, así es considerada la anulación del contrato con el Consorcio Español Inundaciones, que debería ejecutar el Expediente Técnico del Proyecto 'Tratamiento del río y el Plan Integral de Drenaje Pluvial para los distritos de Piura, Castilla y 26 de Octubre. Ellos defendieron su verdad y el presunto abuso de autoridad en su contra.
Josep Ruiz anuncia diálogo y de lo contrario medidas legales
Ruiz Boqué, con los documentos del caso y exponiendo de manera metodológica lo sucedido, indicó que “(…) el domicilio de la manzana C Lote 5 del A.H. Los Médanos, en el distrito de Castilla (…)" era solo para notificaciones, al mismo tiempo que indicó que se esperaba que las prioridades era la designación de la supervisión y no anular un contrato realizado con toda la legalidad del caso.
Luego de ello, sostuvo que existen vicios en la anulación del Contrato, los cuales se sustentan en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, al haberse emitido una medida administrativa por órgano incompetente y no por el titular de la Entidad, como correspondería.
Asimismo, indicó que el Consorcio no recibió el plazo de 5 días para efectuar los descargos respectivos antes de declarar la nulidad del contrato, hecho que se produjo el 15 de febrero, conforme lo anunciaron los mismos funcionarios del PEIHAP y que conllevó a diversas críticas de la ciudadanía por lo “irracional” de la medida, conforme lo sintetizó un especialista en contrataciones.
En una declaración suscrita por el Consorcio, se enumera la posición respectiva frente a un hecho, que si bien es cierto está dispuestos al diálogo, pero que usarán todas las medidas legales para defender su posición y la “indebida medida de anulación” descartando todo vicio de falsedad sobre el domicilio que era solo para “notificaciones”.
El abogado Josep Ruiz de igual manera informó en amplitud que el 22 de febrero, el Gobierno Regional de Piura ejecutó una de las cartas fianzas emitidas como parte del contrato, la misma que suma un monto de 1 millón 158 mil 426 soles obviándose incluso la propia notificación que les otorgaba un plazo de 10 días para que devuelva el adelanto de 2 millones 316 mil 850.32 soles.
Otro de los elementos que formó parte de la defensa del Consorcio Inundaciones, se debe al cuestionamiento que realiza el propio Gobierno Regional de Piura, el mismo que busca modificar los Términos de Referencia los cuales fueron preparados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
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Servando García Correa, actual gobernador y quien debería haber suscrito en todo caso la medida de anulación, ha expresado que será él quien emita la decisión final de un caso que podría llegar a mayores y que demuestra la poca pericia de los funcionarios regionales, los cuales aparentemente no tienen conocimiento de las normas de contrataciones y lo han llevado al equívoco.
