ERP. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna (e), recordó que, pese a los avances, es necesario redoblar esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Así, informó que aún está pendiente la aprobación del reglamento de la Ley Nº 30364, norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como el presupuesto necesario para su adecuada implementación.
Sobre el particular, comentó que ha tomado conocimiento de que en distintas regiones del país, las y los operadores de justicia tienen dificultades en la aplicación del nuevo proceso especial regulado por Ley N° 30364, pese a que esta fue publicada el 23 de noviembre del año pasado. Manifestó que se han detectado problemas para recibir las denuncias y realizar una adecuada valoración del riesgo de las víctimas. También señaló que en las comisarías no se tiene claridad sobre las características del atestado que se debe remitir al Poder Judicial.
Asimismo, señaló que el Instituto de Medicina Legal debe implementar a nivel nacional la Guía de Valoración del Daño Psíquico y brindar los lineamientos para que los certificados médicos de calificación del daño físico y psíquico sean acordes con sus parámetros.
“De igual modo, se debe garantizar la gratuidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia en los establecimientos de salud. De otra parte, urge dotar a los juzgados de familia y mixtos de recursos necesarios para atender los casos de violencia ya que se ha reportado sobrecarga procesal”, precisó.
El funcionario señaló la necesidad de que las principales entidades responsables de la atención de las mujeres víctimas de violencia -tales como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud- cuenten con una asignación presupuestaria adicional para la adecuada implementación de la Ley N° 30364.
Por otro lado, sostuvo que “aún existen brechas importantes para que las mujeres puedan acceder equitativamente a los cargos públicos por elección popular”. Si bien los partidos políticos respetan la cuota de 30% de mujeres o varones que deben integrar sus listas, se ha colocado a las mujeres en los últimos lugares. Así, en 21 de los 26 distritos electorales, la mayoría de candidatas fueron ubicadas en los tercios inferiores de las listas, lo que reduce sus posibilidades de ser elegidas.
Agregó que solo 11 de los 17 partidos políticos participantes presentaron propuestas sobre derechos de las mujeres en sus planes de gobierno; las que en su mayoría fueron medidas aisladas. Los temas más abordados fueron los de salud materna y violencia; sin tocar temas de tanta relevancia como participación política e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Aún con los avances alcanzados, Vega Luna llamó la atención sobre los obstáculos que aún enfrentan las mujeres y sobre la necesidad de que las autoridades incluyan propuestas para la eliminación de las brechas de género en nuestra sociedad.
