ERP. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que actualmente juzga al expresidente Pedro Castillo Terrones y a otros exfuncionarios por el presunto delito de rebelión, resolvió imponer una medida disciplinaria al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, defensor de la ex primera ministra Betsy Chávez Chino. La sanción incluyó su expulsión temporal de la audiencia y la imposición de una multa, debido a reiteradas expresiones consideradas irrespetuosas hacia los magistrados del colegiado.
Entre los actos que motivaron la decisión se encuentra el uso de calificativos ofensivos contra el magistrado Carlos Checkley, a quien Noblecilla habría tildado de "prevaricador" y "sinvergüenza", así como sus constantes alusiones despectivas hacia la condición de magistrados provisionales de los jueces que integran la Sala.
La Sala Penal Especial está conformada por los jueces José Neyra Flores (presidente), Iván Guerrero y Norma Carbajal Chávez, quienes han manifestado que la actitud del abogado ha perturbado el desarrollo de las audiencias y ha generado un ambiente de hostilidad innecesario.
Vídeo audiencia 25 Julio 2025
Durante las sesiones más recientes, la relación entre Noblecilla y los magistrados se tornó especialmente tensa. El abogado llegó a acusar directamente a la jueza Norma Carbajal Chávez de mantener un "contubernio" con el representante del Ministerio Público, alegando una supuesta parcialidad en el proceso. Esta acusación ya había sido objeto de una recusación previa, la cual no prosperó.
En la resolución leída durante la última audiencia, la Sala señaló que, tras tres advertencias, el abogado no ha corregido su comportamiento. Se indicó que deberá ajustar su conducta si desea continuar en el proceso, aunque Noblecilla respondió afirmando que no está dispuesto a “redimirse”, y que continuará denunciando lo que considera un trato inhumano hacia su defendida, quien permanece bajo detención en un penal del país.
Finalmente, Noblecilla sostuvo que seguirá defendiendo la democracia y el Estado de derecho, además de insistir en las denuncias contra el Instituto Nacional Penitenciario y la propia Sala Penal por presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de su patrocinada.
