ERP. Nuevamente el Ministerio Público se quedó solo con 3 de sus integrantes, en esta oportunidad por la suspensión del Dr. Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo y quien estará en dicha condición por 120 días calendario. La inesperada decisión del ente responsable, consideró que el magistrado recibió 2 remuneraciones y una dieta entre septiembre de 2020 a junio de 2021.
La decisión se adoptó por mayoría de 4 votos a 1, luego que la miembro ponente, María Zavala Valladares, presentara su informe al pleno. El voto en discordia fue expresado por la miembro Imelda Tumialán.
Las dos remuneraciones recibidas por el magistrado corresponden a los sueldos como fiscal supremo y como docente, siendo el motivo de la falta disciplinaria grave que, además de ello, haya percibido una dieta como miembro de la Academia Nacional de la Magistratura, en el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2020 a junio de 2021.
El pleno de la JNJ consideró que con dicha conducta el magistrado infringió los deberes previstos en la Ley de la Carrera Fiscal, el Código de Ética del Ministerio Público, así como el Código de Ética de la Función Pública.
“Habiendo quedado acreditado que el investigado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves, corresponde determinar la graduación de la responsabilidad incurrida, teniéndose en consideración que la función de control disciplinario ejercida por la Junta Nacional de Justicia se encuentra revestida del análisis objetivo de los hechos y sobre la conducta concreta objeto de imputación”, expresó la ponente.
En ese sentido, el pleno de la JNJ consideró que si bien el investigado obtuvo beneficio económico actuó bajo la creencia que su conducta era acorde a ley, no pretendió ocultar el hecho calificado como infractor, pero no obró con una debida diligencia.
Finalmente, el organismo constitucional consideró que es deber de los fiscales preservar y mejorar el prestigio de la institución, a fin de fortalecer la confianza pública y la consolidación del Ministerio Público como un organismo constitucional autónomo del Estado.
