ERP. El abogado Abraham Santiago Siles Vallejos, accesitario para la Junta Nacional de Justicia, declinó asumir el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, indicando en su carta que "No estoy dispuesto a asumir una vacante generada de manera arbitraria e inconstitucional". El contenido de su respuesta es una lección de derecho constituciuonal y cuestiona la decisión del Tribunal Constitucional.
Con una actitud realmente sorprendente en un mundo de acomodos y conveniencias, el Dr. Siles expresa “No estoy dispobible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constituconales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia. Como es de conocimiento público, la extrema gravedad de las presentes circunstancias viene configurada por la intervención del Tribunal Constitucional, que viola de modo flagrante la Carta Fundamental de la cual es guardían último”.
En su extensa carta indica “El país no debe cejar en el esfuerzo de alcanzar una vida democrática auténtica y sustantiva. Por desgracia, es poco lo que se puede esperar de un Congreso devastado por intereses mezquinos y falta de compromiso con valores cívicos y republicanos, y hasta penetrado por organizaciones delictivas. A dos siglos de la fundación de nuestra república constitucional, qué lejanos estamos del espíritu que inspiró a los primeros representantes de la Nación. Dice Raúl Porras Barrenechea que, para la Asamblea de 1822, que alumbró la primera Constitución peruana, se eligió a sus miembros – como a los de una academia, por los títulos del saber, la virtud o el patriotismo-, y que la Asamblea era preclara -por los timbres del saber y la probidad-“
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Como se tiene conocimiento, el Tribunal Constitucional, concordando con las aviesas decisiones del Congreso de la República, resolvió infringiendo la Constitución Política del Perú, una medida cautelar contra otra medida cautelar, donde se suspende los efectos de la otorgada por el Poder Judicial, cuando sabido es que ninguna autoridad se puede avocar al conocimiento de causas pendientes en el órgano jurisdiccional. Esta malhadada resolución que perjudica a Inés Tello y Aldo Vásquez, viene siendo criticada por especialistas y juristcas.
