ERP. En el año 2023, la Contraloría General realizará diversos operativos de control específicos que se inician en el mes de marzo con el despliegue de 1300 auditores en todas las entidades del gobierno nacional, los poderes del Estado, organismos autónomos y organismos descentralizados, anunció el contralor general Nelson Shack.
Durante su discurso con motivo del 93 aniversario de la Contraloría General, señaló que otros operativos de control que se desarrollarán a lo largo del presente año verificarán la atención primaria en establecimientos de salud en el país, y sobre el cumplimiento de los perfiles de cargo.
“También se realizará un operativo de control a las consultorías en el Estado para verificar su legalidad, consistencia y justificación a través de los entregables, y un operativo en materia de seguridad ciudadana donde se verificará la operatividad, infraestructura, equipos y recursos existentes en las comisarías a lo largo y ancho del Perú”, informó el contralor general.
Asimismo, anunció que este año la Contraloría General realizará del mismo modo, un operativo para supervisar el cumplimiento de las normas de inclusión de las personas con discapacidad.
Responsabilidades
El contralor general informó que en el último año la Contraloría ha señalado responsabilidades en 8730 funcionarios públicos. El 71% de ellos tienen cargos directivos, y están comprendidos 134 titulares de entidades públicas.
En ese sentido, señaló que se ha enviado al Poder Ejecutivo la lista de dichos funcionarios que laboran en las entidades del gobierno para que procedan de inmediato con las sanciones administrativas que están dentro de su competencia.
“No se trata solo de detectar si no también de que la ciudadanía no siga viendo a los malos funcionarios detrás de un escritorio o rotando a otra entidad. Tenemos que cerrar el ciclo. No hay efectividad en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional si no hay sanción célere, predecible y ejemplar”, manifestó Shack.
Al respecto, informó que la Contraloría General ha iniciado el trabajo del procedimiento administrativo sancionador, luego de formar un tribunal altamente competente, con miembros elegidos en un riguroso concurso público.
Agregó que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ha emitido resoluciones sancionatorias y que, a la fecha, nueve funcionarios han sido inhabilitados de la función pública por las graves y muy graves irregularidades. Estimó que este año se procesará a más de mil funcionarios y servidores públicos a nivel nacional.
Reforma del control
Shack manifestó que el 2023 es el sexto año del esfuerzo institucional para dotar al país de una Contraloría moderna, eficiente, orientada a resultados y plenamente autónoma, que se denominó “Reforma Estructural del Control Gubernamental”, iniciado en 2018.
Señaló que la Contraloría General cuenta ahora con la capacidad de acceder a 50 bases de datos del Estado peruano, cuando al inicio de su gestión solo se disponía el acceso a tres. Dicha interoperación de las distintas bases de datos permite actualmente auditar a los funcionarios, es decir, no solo a los procesos de inversiones y adquisiciones sino también a las personas y su entorno vinculado.
El contralor general anunció que, al cierre del 2023, la Contraloría General habrá absorbido todas las OCI del gobierno nacional lo que garantiza la independencia respecto del titular de la entidad fiscalizada que ya no pueden interferir en el control.
Control concurrente
Shack mencionó que otra parte fundamental de la reforma es el despliegue del control concurrente a nivel nacional, que hoy es una herramienta de prevención y alerta de riesgos que convierte al sistema nacional de control en una valiosa orientación para los gestores.
En ese sentido, informó que el año pasado, la Contraloría General identificó más de 42 500 situaciones adversas y que el 41% de ellas no han sido corregidas por los gestores, es decir, que el riesgo de generar un perjuicio al país persiste. Anotó que, de concretarse el perjuicio, se señalarán las responsabilidades, pero no es aceptable que teniendo una alerta técnica no se actúe con la prolijidad y la responsabilidad que corresponde.
Manifestó que el perjuicio producido por la corrupción o inconducta funcional, supone una pérdida de más de 24 mil millones de soles perdidos en 2021, y que el 2022 el monto será algo mayor, de acuerdo al estudio que está por concluir.
“Si consideramos que hay cerca de 8.6 millones de compatriotas en situación de pobreza y pudiéramos dejar de perder esa cifra por corrupción, les podríamos transferir a cada uno 2835 soles. Es decir, con ese dinero acabaríamos con la pobreza monetaria en el Perú de inmediato”, explicó.
Anotó que transportes, salud y educación encabezan los índices de sectores donde se genera mayor pérdida económico por corrupción o inconducta funcional. A nivel regional, el ranking es encabezado por Arequipa, Loreto y Puno, data que se puede revisar en la web del Observatorio Nacional Anticorrupción.
Señaló que otro aspecto fundamental de la reforma es el reforzamiento de la independencia del control, sin el riesgo de injerencia interna o externa, por lo que se gestionará la aprobación de una ley para convertir a la auditoría gubernamental en una carrera estatal a la que ingresen solo los estudiantes con mayor rendimiento para que se formen con exigencia y en una línea meritocrática de ascensos.
Al cerrar su intervención, señaló que la Contraloría busca fortalecer la gobernabilidad democrática al promover intensamente la participación ciudadana en la fiscalización pública.
“Como siempre lo he dicho, el control social es el mejor aliado del control gubernamental. Buscamos también que la población conozca de qué manera lo que hacemos contribuye directamente a su bienestar. Es por ello que hemos comprometido nuestros esfuerzos en mostrar al país una institución abierta, transparente, no solo con las auditorías, sino además con los indicadores de gestión y cumplimiento de metas institucionales para que todos puedan ejercer también el control social sobre nuestra institución”, puntualizó.
