Lima. El gobierno peruano pidió a su similar de Bolivia la pronta entrega de Martín Belaunde Lossio, y el rechazo de una solicitud de refugio del prófugo empresario, a fin de que responda ante la justicia peruana por las denuncias en su contra.
Esto fue confirmado esta tarde por el canciller Gonzalo Gutiérrez, y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, quienes en conferencia de prensa conjunta dieron a conocer que inmediatamente, Perú ha presentado una nota diplomática a La Paz, pidiendo que declare improcedente esta solicitud por considerar que no se ajusta al derecho internacional.
Explicó que la figura del refugio procede cuando existe una persecución política, ya sea por cuestiones religiosas, étnicas o ideológicas, que está lejos de ser el caso de prófugo empresario, que habría cometido delitos comunes.
"Acabamos de presentar al Gobierno de Bolivia una nota diplomática en la cual le expresamos que el señor Martín Belaunde, quien ha solicitado refugio en ese país, es una persona contra la que se ha dictado una orden de captura internacional vigente, de notificación roja", precisó.
Recordó que el empresario fugitivo está acusado de los delitos contra la administración pública, peculado y asociación ilícita para delinquir, y además señaló que la nota diplomática presentada a La Paz va acompañada de un profuso expediente, en el que se fundamenta todas las acusaciones contra Belaunde.
"Este caso no califica de ninguna manera, de acuerdo a las normas bolivianas, y también de acuerdo a las normas peruanas, de refugio", subrayó.
El canciller peruano también indicó que la presencia de Belaunde Lossio en el país altiplánico y su pedido de refugio le fue confirmada por su par boliviano, David Choquehuanca.
Agregó que posiblemente el presidente boliviano Evo Morales no habría sido informado de esta situación, cuando declaró en la mañana que no se había recibido ningún pedido de refugio.
De otro lado, Gutiérrez explicó que en Bolivia los pedidos de refugio los resuelve la Comisión Nacional de Refugiados (CONADER), integrado por los sectores Relaciones Exteriores, Justicia e Interior.
Sobre el plazo que puede demorar este proceso, no dio una información precisa al respecto, solo indicó que en el caso que interesa al Perú, tratarán que este proceso no demore meses, y para eso se está enviando toda la documentación requerida.
Gutiérrez señaló que Belaunde Lossio no puede ser detenido en Bolivia, porque la orden de Interpol queda en suspenso, en tanto no se resuelve su pedido de refugio.
Orden de captura
Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, descartó que de parte del gobierno peruano, haya habido una desidia o una demora, en reportar a Interpol el pedido de captura internacional contra Belaunde Lossio.
Precisó que esta orden está vigente desde el 11 de septiembre de 2014, apenas un día después que la Sala Penal Nacional dictara la orden captura, a pedido del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, por lo que echa por tierra cualquier especulación,
Ante la pregunta de la prensa, el ministro Figallo señaló que si este reporte no aparece en la página web de Interpol, es porque se manejaba por los canales internos.
Al ser consultado porqué Bolivia no actuó como Colombia, en el caso del empresario Rodolfo Orellana, y aplicar de inmediato la orden detención de Interpol, el ministro Figallo argumentó que ya existía esta orden antes del pedido de refugio, por lo que este sería nulo.
"Usaremos todos los mecanismos con ese propósito", tras indicar que se desconoce desde cuando Belaunde Lossio se encuentra en dicho país, y tampoco la manera en que cruzó la frontera.
Comentó que se debe tener presente que la frontera con Bolivia es la más porosa, por los diversos pasos que existen en su recorrido.
La conferencia de Gutiérrez y Figallo fue anunciada horas antes por el presidente peruano Ollanta Humala, quien ratificó la intención de lograr la captura de Belaunde Lossio.
Belaúnde Lossio está acusado de presuntamente haber participado en licitaciones irregulares con algunos gobiernos regionales del país y presionado a entidades del Estado para favorecer a empresas privadas con las que estaría vinculado, como la española Antalsis, según denuncias periodísticas.
