ERP. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) creó la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción del sector, que tiene por finalidad fiscalizar y fortalecer una cultura de integridad, principios éticos, transparencia y neutralidad política entre sus funcionarios y servidores públicos.
La comisión ejercerá funciones por un periodo de dos años, según la Resolución Ministerial 129-2021-VIVIENDA, publicada hoy en el diario oficial El Peruano. El documento lleva la lleva la rúbrica de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, quien ratifica de esta manera el compromiso de fortalecer el trabajo transparente en el sector.
Como parte de sus funciones, la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción podrá solicitar información a los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos, organismos públicos y entidades adscritas del MVCS, las que deben atender los requerimientos que se les formule dentro del marco de sus funciones.
Según la normativa publicada, la comisión estará conformada por el secretario general del MVCS, los directores ejecutivos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, del Programa Nacional de Saneamiento Rural y del Programa Agua Segura para Lima y Callao.
También integrarán la comisión los titulares de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. Asimismo, los gerentes generales del Fondo Mivivienda, del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), y del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).
Cabe indicar que la creación de este grupo de trabajo no generará gastos adicionales al Tesoro Público y se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas.
La Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MVCS se instalará previa convocatoria de la Secretaría Técnica de la Comisión en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución mencionada.
