ERP. El juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, amplió por 12 meses la medida de impedimento de salida del país contra el suspendido fiscal supremo, Tomás Gálvez, en la investigación por el caso Cuellos Blancos del Puerto. En el momento de la defensa, en todo momento defendió su inocencia y consideró que era una mala interpretación de los hechos.
La resolución justifica la medida al señalar que se trata de una investigación que enfrenta una especial dificultad por comprender a una presunta organización criminal y a un funcionario que cuenta con la prerrogativa de un antejuicio político, así como a las circunstancias propias del coronavirus.
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara fundada prolongación de impedimento de salida del país por doce meses contra fiscal supremo Tomás Gálvez, investigado por patrocinio Ilegal, tráfico de influencias agravado y otros. https://t.co/TAMU6TmZAT pic.twitter.com/l9qRIiArcK
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 21, 2020
Precisa, además, que la suspensión en sus funciones de Tomás Gálvez, adoptado por la Junta Nacional de Justicia, implica una variación respecto a su arraigo laboral y evidencia que a la fecha no cuente con vínculo laboral.
Advierte, asimismo, que la investigación ha permitido a la fiscalía recabar más elementos de convicción para considerar presuntamente al investigado Tomás Gálvez como parte de una organización criminal, “lo que cual haría generar un legítimo temor de afrontar una condena tan grave como la establecida para dicho ilícito”.
Concluyen en ese sentido que, aun cuando el investigado haya manifestado su voluntad de someterse a la persecución penal, existen un riesgo razonable de que pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal.
Por ello, el juzgado considera que la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea, es legítima y guarda relación con la gravedad de los hechos investigados, además permitirá asegurar que se cumpla con los fines del proceso. La fiscalía atribuye a Tomás Gálvez los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y organización criminal.
Junto al exjuez supremo César Hinostroza, habrían desplegado acciones para favorecer a la empresa Corefo en un proceso que contra la Sunat, coordinado acciones para favorecer a un rondero en un proceso penal y para apoyar a un fiscal supremo anticorrupción en el proceso por violencia familiar.
