ERP. La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, reafirma que, es función del organismo regulador cautelar el fiel cumplimiento de los contratos de concesión vial, y ello asegura que los ciudadanos puedan transitar por carreteras seguras y de calidad.
Los contratos de concesión contemplan la recuperación de las inversiones a través del cobro de las tarifas de peajes, una acción que ha sido suspendida -durante el estado de emergencia-, mediante a la Ley N° 31018, sin derecho a una compensación posterior y olvidando que el “pago del peaje representa una carretera operando con adecuados niveles de servicio y con la garantía de contar con la asistencia requerida”, refirió la titular del ente regulador.
El transporte es una actividad esencial, que permite la continuidad de la actividad logística en el país, asegurando el traslado de alimentos y medicinas, a todos los rincones del país, labor en la que participan los concesionarios brindando servicios de mantenimiento y auxilio en las vías.
Es así que, a la fecha, desde el inicio del periodo de aislamiento social, en las 16 carreteras supervisadas por el Ositrán a nivel nacional, se han atendido 1064 auxilios mecánicos y 282 auxilios médicos, además de trabajos de rehabilitación de la transitabilidad de las carreteras obstruidas a consecuencia de factores climáticos que ocasionan derrumbes y huaycos.
La presidenta del Ositrán considera que la Ley N° 31018 genera interrogantes sobre si las empresas concesionarias demandarán al Estado o dejarán de cumplir con sus obligaciones, lo que implicaría no contar con servicio de ambulancia, central de emergencia y remolque, y el mantenimiento de las carreteras, afectando el tránsito adecuado por las vías y por ende, la seguridad y calidad de vida de los usuarios.
La presidenta del Ositrán resalta que el cumplimiento de los contratos de concesión por parte del Estado otorga seguridad jurídica y atrae más inversiones, lo que finalmente impulsa el desarrollo del país.
El Ositrán invoca a las autoridades a revisar la última parte de la norma, que prohíbe expresamente cualquier derecho compensatorio y permitir que se activen los mecanismos contractuales de compensación pactados en los respectivos contratos de concesión.
