ERP. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó ayer el decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, documento que contempla políticas públicas con el principal objetivo de promover una cultura de paz y la protección de los derechos de todos los peruanos.
El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Manuel Coloma, remarcó que con la aprobación del mencionado plan, publicado en el diario oficial El Peruano se cumple además un compromiso esencial asumido por el Estado peruano ante el país y ante la comunidad internacional.
“El plan busca responder a los intereses de la mayoría de peruanos, con el fin de acompañarlos, desde el Estado, a atender y resolver sus grandes problemas. Es, en principio, un orientador de políticas públicas”, anotó.
Asimismo, destacó que es un logro importante de la gestión del ministro de Justicia, Enrique Mendoza, en vista que en este periodo se dinamizó la parte final de construcción y aprobación del Plan, cuya elaboración demandó un trabajo profesional exhaustivo para articular las posturas de todos los sectores del Estado y de la sociedad civil.
“El plan innova también en lo referido a la evaluación y al monitoreo de compromisos de este tipo, porque con los grandes planes existe el riesgo de que queden en el papel y no tengan utilidad práctica. La gran novedad es que se incluye este proceso de seguimiento con una metodología participativa, que permitirá realizar, sobre la marcha, los correctivos del caso”, refirió.
Gestión por resultados
El Plan Nacional mantiene el tradicional enfoque de derechos humanos y agrega el enfoque de gestión por resultados.
Desarrolla cinco lineamientos estratégicos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ellos son: promoción de una cultura de los derechos y de la paz en el Perú; diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección; fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno; y la implementación progresiva de estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos por parte de las empresas públicas y privadas.
En el Lineamiento N° 3 se prioriza a 13 grupos de especial protección, entre estos, la población afrodescendiente; niñas, niños y adolescentes; personas privadas de libertad; víctimas del terrorismo; mujeres; personas LGBTI; entre otros.
El enfoque de gestión por resultados en materia de derechos humanos permitirá, por primera vez, incluir indicadores para cada una de las más de 150 acciones acordadas.
Tanto la metodología como el contenido del documento fueron aspectos respaldados, destacados y felicitados por las Naciones Unidas (Informe del EPU, en Ginebra, noviembre del 2017), por la representación de la misma organización en el Perú y la Delegación de la Unión Europea en el país y diversos foros nacionales e internacionales.
Asimismo, cabe destacar que este Plan Nacional se elaboró a través de una metodología ampliamente deliberativa y participativa, en cuyo proceso de formulación intervinieron todos los sectores del Poder Ejecutivo (19 ministerios), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Acuerdo Nacional, los gobiernos regionales de Loreto, Lambayeque, Cusco, Cajamarca y Ayacucho, y 177 organizaciones de la sociedad civil.
Diario El Regional de Piura
Vacancia: ¿Quién o quienes salvarán en esta oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski?
— Diario El Regional (@elregionalpiura) 1 de febrero de 2018
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