ERP. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Germán Lizama Bobadilla, fue denunciado por la jueza Jenny Cecilia Vargas Álvarez, por el presunto delito de Violencia Contra la Mujer, por lo que el Poder Judicial dictó medidas de protección para la agraviada.
La denuncia fue interpuesta el pasado 5 de octubre cuando la magistrada denunció al titular del Poder Judicial de Sullana ante la Policía Nacional, manifestando que constantemente es víctima de Violencia Contra la Mujer ya que cada vez que le presenta propuestas al denunciado, apoyando la iniciativa para mejorar la calidad del servicio y la producción de la sala laboral, este le deniega todos los pedidos que hace, denigrando su condición como mujer, lo cual le ha causado estrés laboral, según refiere en su denuncia.
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Germán Lizama Bobadilla.
Vargas Álvarez dijo además ante las autoridades que, “denegó mi propuesta para mejorar el servicio de forma arbitraria, sólo porque soy mujer, y así como él mismo me lo dijo que soy una enferma, haciéndome sentir mal, el señor me agrede así porque simplemente no quiere reconocer mis derechos como mujer”.
Medidas de protección
Tras la denuncia, la Jueza de Familia, María del Rosario Alvarado ordenó medidas de protección a favor de la denunciante. Según esta orden, “se dicta protección inmediata a favor de la denunciante respecto al hecho referido a la que el denunciado se habría referido a ella como ‘enferma’, cuando esta le consultó en relación a su pedido formulado desde el mes de junio, por actos de violencia contra la mujer en la modalidad de Violencia Sicológica, contra Pedro Lizama Bobadilla”.
El documento expresa además, “prohibir al denunciado Pedro Lizana Bobadilla dirigirse hacia la denunciante con palabras o calificativos que mellen su dignidad y condición de mujer. Se ordena al denunciado cese y se abstenga en forma definitiva de propiciar cualquier acto que signifique violencia contra la mujer en su condición de tal en la modalidad de agresión sicológica hacia la denunciante sea en la vía pública o donde se encuentre”.
Finalmente, la jueza de Familia ordena que la denunciante concurra a las terapias ante la sicóloga del Centro de Salud de Pachitea en Piura, cercano al domicilio de la denunciante por el tiempo que precise el sicólogo en atención a los hechos y a las condiciones de riesgo de la denunciante”.
Al ser consultado sobre la denuncia en su contra, Lizana Bobadilla señaló que, “lamentablemente este caso se ha llevado a otras instancias como la policial, cuando es un tema interno que lo podíamos solucionar porque se ha accedido a los requerimientos solicitados por Vargas Álvarez. Soy incapaz de denigrar por mi condición de ser humano y por el cargo que ostento, soy respetuoso de las personas y no me he referido a ella con ese calificativo de enferma” indicó el juez.
Acotó que cuando la magistrada asumió la presidencia de la Sala Laboral, aceptaron sus pedidos y otros siguieron por el conducto regular tal como lo estipula el reglamento. También indicó que apelará al examen psicológico por considerarlo inconsistente y también lo resuelto por la Jueza de Familia de las medidas de protección.
