ERP. Tras varios intentos fallidos por alcanzar la Presidencia de la República, y en medio de un proceso electoral cuya legitimidad continúa siendo cuestionada por un sector importante de la ciudadanía, Keiko Sofía Fujimori finalmente juró al cargo. Con ello se inicia un nuevo capítulo en la historia política del Perú, marcado por una profunda polarización y una enorme desconfianza ciudadana.
Las primeras decisiones de la nueva mandataria ofrecen las primeras señales de lo que podría ser su gobierno. Por un lado, el Mensaje a la Nación resultó extenso, pero carente de anuncios trascendentales y de propuestas capaces de despertar expectativas o transmitir una visión clara del rumbo que seguirá el país. Por otro, la conformación del gabinete ministerial dejó más dudas que certezas: predominan las cuotas políticas sobre los criterios técnicos y, en varios casos, los ministros designados carecen de experiencia o conocimiento del sector que tendrán bajo su responsabilidad.
El Perú esperaba gestos que ayudaran a cerrar las heridas abiertas durante los últimos años. La reconciliación nacional era una necesidad impostergable, pero solo puede construirse sobre la base de la verdad y la justicia. Sin embargo, la presidenta evitó cualquier referencia a las víctimas de la violencia política ocurrida durante los gobiernos de Manuel Merino y, especialmente, de Dina Boluarte. Ese silencio resulta preocupante, porque transmite la sensación de que el dolor de decenas de familias continuará sin reconocimiento ni reparación.
Tampoco hubo una reflexión sobre lo ocurrido en el sur del país, donde miles de ciudadanos salieron a protestar tras la caída del gobierno de Pedro Castillo y fueron reprimidos con un saldo fatal de muertos y heridos. La narrativa que calificó indiscriminadamente a los manifestantes como "terroristas" permanece intacta, sin que desde el nuevo gobierno exista la voluntad de revisar una versión que ha profundizado las divisiones entre peruanos.
Resulta igualmente contradictorio invocar la defensa de la democracia y el respeto a las instituciones mientras se omite el papel desempeñado por el Congreso en la construcción de un esquema de poder que debilitó la institucionalidad y redujo progresivamente la autonomía del Poder Ejecutivo. Todo indica que la nueva administración tendrá escaso margen para actuar con independencia frente a las fuerzas políticas que hicieron posible su llegada al gobierno.
En el plano económico, la incertidumbre tampoco desaparece. Durante los últimos años se aprobaron numerosas leyes sin el respaldo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, comprometiendo la estabilidad fiscal del país. Incluso economistas como Elmer Cuba han planteado la necesidad de revisar o derogar varias de esas normas. Ahora la expectativa está puesta en conocer si la presidenta y su ministro de Economía tendrán la voluntad política para corregir ese rumbo o si, por el contrario, mantendrán una agenda legislativa que compromete las finanzas públicas.
Igualmente preocupante es la ausencia de cualquier anuncio relacionado con las denominadas leyes "procrimen", impulsadas desde el Congreso y ampliamente cuestionadas por favorecer la impunidad en determinados casos. Nada hace pensar que el nuevo gobierno impulsará cambios frente a iniciativas defendidas con vehemencia por sectores políticos como el encabezado por Fernando Rospigliosi, quien sostiene posiciones orientadas a proteger a militares procesados por graves violaciones a los derechos humanos, en abierta tensión con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
¿Qué puede esperar el país del fujimorismo? La experiencia invita al escepticismo. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, el Perú necesita estabilidad democrática, crecimiento económico, respeto a las instituciones y un gobierno que privilegie el interés nacional sobre los cálculos partidarios. La ciudadanía tendrá que convivir con esta administración durante los próximos cinco años, esperando, al menos, que respete el mandato constitucional, garantice las libertades democráticas y coloque al país por encima de los intereses de un grupo político. Esa sería, quizá, la primera señal de que es posible recuperar la confianza perdida.
Diario El Regional de Piura
