César A. Paz Z. es investigado por presuntamente embestir con su vehículo a un efectivo policial y arrastrarlo cinco metros para evitar su intervención. El dosaje etílico habría arrojado 2.21 gramos de alcohol por litro de sangre.
ERP. El Ministerio Público obtuvo cuatro meses de prisión preventiva contra César A. Paz Z. (42), investigado por el presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de un efectivo policial, en la provincia de Morropón, región Piura.
La medida fue obtenida por el fiscal provincial Hildegardo Navarro Mendoza, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, quien también logró que se aprobara la tramitación del caso mediante proceso inmediato.
Policía habría sido arrastrado cinco metros
Según los actuados fiscales, el hecho ocurrió el pasado 18 de octubre en la carretera hacia el caserío Zapotal, en Morropón, cuando el investigado presuntamente realizaba maniobras temerarias con su vehículo.
Al intentar intervenirlo, el efectivo policial habría sido embestido por el vehículo y arrastrado aproximadamente cinco metros sobre la pista. Posteriormente, el conductor habría descendido de la unidad y golpeado al agente para evitar su intervención.
Dosaje etílico arrojó 2.21 g/l
Para sustentar el requerimiento de prisión preventiva, el representante del Ministerio Público presentó diversos elementos de convicción, entre ellos las actas de intervención policial, registro personal y situación del vehículo menor, así como el certificado médico que acredita las lesiones sufridas por el efectivo.
También se consideraron el dosaje etílico del investigado, cuyo resultado fue de 2.21 gramos de alcohol por litro de sangre, declaraciones testimoniales, un reporte de investigaciones fiscales y sus antecedentes penales.
Será internado en el penal de Piura
Con la medida judicial, César A. Paz Z. será internado en el establecimiento penitenciario de Piura, donde afrontará el proceso en su contra mientras continúan las actuaciones correspondientes.
Por el presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, el investigado podría recibir una condena no menor de ocho años, según la información proporcionada por el Ministerio Público.
El caso continuará su trámite bajo la modalidad de proceso inmediato, sin que ello implique un adelanto de responsabilidad penal.
Diario El Regional de Piura
