ERP. El representante de los 85 ex trabajadores de la empresa Petroperú, Abraham Montero Ramírez, se ha dirigido nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, exhortándoles a que intervengan en la solución de su caso al sentirse frustrados, indignados y burlados por las entidades del Estado peruano comprendidas y responsables de cumplir con la resolución de la CIDH.
El caso comprende a 85 ex trabajadores de la estatal Petroperú, despedidos injustamente en 1996, de los cuales 22 ya han fallecido y otros, de avanzada edad se encuentran enfermos, algunos como el compañero Antonio Esparza Huamán quien viene padeciendo de la enfermedad neurodegenerativa de Parkinson.
En el documento remitido a la CIDH, el representante de los 85 ex trabajadores talareños hace observaciones al Informe N° 05-2023-JUS/PGE-PPES del 13 enero 2023 y acusa de irresponsables e insensibles a los funcionarios del Estado Peruano, quienes lejos de cumplir con las reparaciones ordenadas por la CIDH el 20 diciembre 2017, continúan con sus trámites burocráticos haciendo caso omiso a las Resoluciones que emite la CIDH de fecha 9 septiembre 2022, en la que dio un plazo de 10 semanas (16 diciembre 2022), para que cumplan con las reparaciones ordenadas por la Corte a favor de las 85 víctimas.
Agrega el documento que los funcionarios peruanos dilatan sus trámites burocráticos, intentando minimizar el monto de las reparaciones. Agregan que la Procuraduría Supranacional requirió al Ministerio de Trabajo para que sea más claro respecto a las víctimas que cobraron compensación económica por la ley 27803.
Por otro lado, señala que el Estado ha solicitado una pericia a la Dirección de Valorización y Pericias de la Procuraduría General “para no generar mayores dilaciones”, todo esto para seguir dilatando y escudriñando estrategias para realizar mayores descuentos a las reparaciones ordenadas por la Corte de San José, entre otras observaciones.
Los 85 ex trabajadores de Petroperú han solicitado a la CIDH sea más coercitiva e imponga su autoridad, puesto que el Estado Peruano no está respetando el compromiso asumido ante la Convención Interamericana de DDHH en cuyo artículo 68 establece la obligación que tienen los Estados para implementar de buena fe, y de forma pronta e íntegra lo dispuesto por el Tribunal en sus sentencias y al no cumplir el Estado peruano estaría incurriendo en un ilícito internacional.
