ERP. La Contraloría General determinó que la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) adquirió una planta generadora de oxígeno medicinal, valorizada en S/ 2 545 000, a un proveedor que no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas para el establecimiento de salud I-4 de Talara y, pese a la necesidad de atender a los pacientes afectados con COVID-19, el equipo sigue inoperativo.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 022-2022-2-4529, en agosto de 2021, la entidad compró, mediante contratación directa, una planta de oxígeno tipo PSA de 30 a 35 M3 por hora tipo dúplex, pero la comisión de auditores evidenció que se otorgó la buena pro a un consorcio que no acreditó documentalmente la totalidad de requisitos exigidos.
Además, los funcionarios de la Diresa otorgaron cinco días adicionales al plazo establecido en el contrato (32 días calendarios) para el cumplimiento de la prestación, luego se declaró procedente la solicitud de la ampliación de plazo n° 1 a pesar de que los hechos no fueron acreditados y el sustento presentado no configuraba la causal invocada de atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Sumado a esto, el funcionario que aprobó esta ampliación no contaba con facultades para hacerlo y se omitió pronunciar por la segunda ampliación de plazo.
Sin funcionamiento
La planta no funcionó desde la instalación realizada por el proveedor que no ha levantado hasta la fecha la totalidad de observaciones y no se estaría cumpliendo con la finalidad pública, considerando que la causal invocada era la situación de emergencia sanitaria en la cual prevalece la inmediatez para la atención oportuna de los pacientes. Asimismo, la entidad aprobó la regularización de la contratación directa sin tener las facultades para hacerlo, ya que debió efectuarse mediante acuerdo del Consejo Regional.
El OCI de la Diresa identificó responsabilidad penal en tres exfuncionarios que desempeñaban labores en las áreas de la Oficina Ejecutiva de Administración, Logística y Control Patrimonial. Además, determinó responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría contra estas personas. En otros dos funcionarios se determinó responsabilidad administrativa de entidad, entre ellos un exdirector general.
El informe que se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria fue notificado al entonces titular de la entidad para el deslinde de las responsabilidades administrativas de los servidores señalados. Asimismo, se recomendó al Órgano Instructor para las acciones correspondientes y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción inicie las acciones penales contra las personas involucradas.
Dato:
- Durante el 2022, la Contraloría ha evidenciado similares irregularidades en la adquisición de plantas de oxígeno para establecimientos de salud de Huancabamba, Ayabaca y el hospital Santa Rosa.
