ERP. En su segundo día de trabajo en la región Piura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, lideró la Megacampaña nacional "Defensa Pública se une para poner fin a la violencia contra las mujeres", que puso a disposición de mujeres, padres de familia y adolescentes los servicios de los abogados gratuitos del MINJUSDH, denominados defensores públicos.
Desde la Institución Educativa Virgen de Fátima, en Piura, el ministro resaltó que, en todas las regiones del país, la Defensa Pública acoge cientos de casos y acompaña legalmente a las víctimas.
"Todas las direcciones de la Defensa Pública están realizando esta campaña, a nivel nacional, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Este no es un tema sencillo, por ello es importante que ustedes se opongan a toda forma de violencia y que denuncien ante las autoridades”, indicó.
En simultáneo, desde el Complejo Deportivo Concha Acústica de Tarapoto, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos, supervisó cómo se desarrolló la megacampaña, en la que destacaron los servicios de asistencia legal, defensa de víctimas y defensa penal. Esta actividad también contó con el acompañamiento de los respectivos Centros de Emergencia Mujer (CEM) de cada región.
Supervisión a penales y centro juvenil
En compañía de la congresista Cruz Zeta, el ministro Alcántara supervisó el Taller de Joyería y las aulas de Educación Superior del Establecimiento Penitenciario Piura. El día previo, constató, en el Penal de Sullana, los talleres de Costura, Panadería, Serigrafía, Manualidades y Cosmetología.
Además, en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil (CDRJ) de Piura, y junto al director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Francisco Naquira, inauguró dos modernos ambientes que forman parte del Taller de Sublimado.
“Por indicación de la presidenta, estamos trabajando en mejorar el sistema penitenciario del país: con tecnología pero, sobre todo, con inversión en resocialización. Con habilidades y competencias, los jóvenes en conflicto con la ley penal y los internos serán personas que aporten a la sociedad y a sus familias a través del trabajo”, refirió.
