ERP. La Universidad Nacional de Piura (UNP) se encuentra en un momento crucial que demanda una transformación para restaurar su integridad institucional y elevar su prestigio académico. Esta gestión estratégica delinea un plan integral centrado en tres ejes fundamentales: la erradicación de la corrupción, el impulso decidido de la investigación científica y el mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza.
Por Marco E. Nevado, Ph.D.
Egresado de la Primera Promoción de Agronomía, UNP.
La implementación de estas acciones se fundamenta en la convicción de que la transparencia y la ética son pilares indispensables para cualquier avance significativo en la calidad educativa y la producción científica.
Eje Estratégico 1: Erradicación de la corrupción y fomento de la transparencia
Establecer un sistema de gobierno transparente y rendición de cuentas que prevenga y sancione la corrupción, restaurando la confianza pública y la integridad institucional.
Acciones Concretas
Fortalecimiento de mecanismos de control interno y auditoría: La implementación de diversos controles internos es esencial para prevenir la materialización de riesgos identificados en diferentes áreas de la universidad.
Esto implica una revisión exhaustiva de todos los procesos administrativos y financieros, identificando puntos vulnerables a la corrupción y diseñando salvaguardas específicas.
Se debe revisar y adaptar el papel de la Oficina de Auditoría Interna, asegurando su independencia y su informe directo al Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos del Consejo Universitario.
Esta estructura garantiza que los hallazgos de auditoría sean considerados al más alto nivel de gobierno, permitiendo una acción correctiva oportuna y estratégica. Además, la publicación regular de los resultados de las auditorías, incluyendo los informes de la Contraloría General, es fundamental para asegurar la transparencia y el acceso a la información por parte de la comunidad universitaria y el público en general.
Para una transformación continua, la UNP debe pasar de una supervisión que no reacciona a los problemas, a un sistema proactivo de gestión de riesgos. Esto significa no solo auditar transacciones pasadas, sino identificar y mitigar los riesgos de corrupción antes de que ocurran, especialmente en áreas de alta vulnerabilidad como las adquisiciones, construcciones, servicios y la gestión de personal.
Implementación de políticas de transparencia y acceso a la información: Se establecerán normas y procedimientos para la transparencia y el acceso a la información. Esto incluye el desarrollo de portales de transparencia en línea y en tiempo real que proporcionen información detallada y actualizada sobre:
La estructura organizacional, funciones y atribuciones de las facultades y dependencias.
Información del personal docente, incluyendo conducción de proyectos, cargos, cursos asignados y publicaciones.
Detalles sobre adquisiciones, costos de construcciones y reparaciones, contratos y transferencias de fondos.
Asignación de financiamiento para investigación, información presupuestaria y contable, incluyendo estados de ingresos, gastos y resultados de auditorías y proyectos.
La oferta académica, planes de estudio, revisión de currículos y programas especiales de capacitación.
La corrupción prospera en la falta de transparencia. La transparencia, por lo tanto, no es solo una obligación legal, sino una poderosa medida anticorrupción.
Este enfoque fomenta la rendición de cuentas y contribuye significativamente a la reconstrucción de la confianza.
Establecimiento de un código de ética institucional y cultura de integridad: Se desarrollará y difundirá ampliamente un “Código de Ética Integral” para todos los miembros de la comunidad universitaria: docentes, personal administrativo, estudiantes, servicios, proveedores y contratistas.
Este código enfatizará principios como el respeto, la honestidad, la verdad y el compromiso con la institución. Se incluirán directrices claras sobre la prevención de conflictos de interés, abuso de autoridad (directivos, docentes), nepotismo, sobornos, fraudes, lavado de activos y tráfico de influencias.
Asimismo, se promoverá el uso responsable y austero de los recursos institucionales y la integridad en todas las actividades académicas y profesionales.
El objetivo es que la integridad se arraigue como un valor institucional fundamental, influyendo en las decisiones diarias que pueden llegar hasta la separación de cualquier personal de la universidad.
Optimización de procesos de adquisiciones y contrataciones: Para abordar las irregularidades en contrataciones, se implementarán herramientas de adquisición impulsadas por inteligencia artificial (IA).
Estas herramientas mejorarán la visibilidad, automatizarán tareas repetitivas y optimizarán las negociaciones con proveedores. La consolidación de los datos de compra en un sistema centralizado permitirá identificar oportunidades de ahorro, fortalecer el cumplimiento normativo y mitigar riesgos financieros.
La modernización de los procesos de adquisición mediante la IA y sistemas centralizados en internet y en tiempo real, no solo busca eficiencia o ahorro de costos; es una medida anticorrupción poderosa.
Reducir la discrecionalidad humana permite automatizar las verificaciones y proporcionar datos completos en tiempo real, estas tecnologías dificultan significativamente la manipulación de contratos, el inflado de precios o la creación de proveedores ficticios.
Este enfoque sistemático aborda una de las principales vulnerabilidades para la corrupción, transformando las adquisiciones de un área de alto riesgo en un modelo de gestión de recursos transparente y ético.
Sanciones Ejemplares y Colaboración con Entidades Externas: Se asegurará la aplicación estricta de medidas disciplinarias, incluyendo la destitución y la inhabilitación permanente, para los actos de corrupción, especialmente para el personal directivo, administrativo y docente, conforme a las modificaciones propuestas en las leyes actuales.
La universidad colaborará activamente con los organismos de control externos, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público (Fiscalía), en las investigaciones y procesos judiciales. Asimismo, se apoyará la labor de la SUNEDU en sus funciones de supervisión y sanción.
Si bien la prevención es fundamental, la aplicación de sanciones efectivas y visibles es crucial para la disuasión y para restaurar la fe pública. Cuando los individuos corruptos no solo son identificados, sino también castigados de manera rápida y justa, se envía un mensaje claro de que tales comportamientos no serán tolerados.
