ERP. El exjefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López López fue detenido, conjunramente con otros, por ser parte de la presunta organización criminal. La Fiscalía le imputa los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Sumando los años máximos de pena por estos delitos, en total suman 38 años.
Por Gabriela Llontop
Vigilante.pe
Como se tiene conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se aprobó con la finalidad de trabajar por la rehabilitación de las regiones afectadas por las fuertes precipitaciones, en más de 10 regiones. Fue dirigida por Pablo de la Flor, Edgar Quispe, Amelia Moreno, quien fue reemplazada por Robert López López. Si bien es cierto no tuvo un funcionamiento idóneo, las noticias en contra eran más de ineptitud que de corrupción.
La estocada final de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios vino desde el gobierno de Pedro Castillo, pues según la tesis fiscal del caso “Los Operadores de la Reconstrucción”, el presidente, de la mano otros integrantes, habrían ejecutado un plan para copar la entidad y hacerse de obras de la institución con la presunta finalidad de tener beneficios ilegales.
Uno de los principales responsables es el exjefe de la ARCC, Robert López López, quien fue designado por Castillo. Según el documento, al que accedió Vigilante.pe, su designación se negoció con Alejandro Sánchez y se gestionó vía Salatiel Marrufo. Una vez en el cargo, el jefe de la ARCC, designó a Mario Jair Espinoza Torres como Asesor II en la entidad para que “en representación de éste se ocupe de los acuerdos colusorios para obtener dinero ilícito a cambio de destinar presupuesto de la ARCC a favor de municipalidades, como fue en caso de la Municipalidad de La Unión en Piura”.
Así, en concreto, López se habría encargado de viabilizar los expedientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas a través del sector Educación de la ARCC. Durante el 2022, López habría habilitado la transferencia de presupuesto para La Unión a cambio de sumas de dinero proporcional al valor de la obra.
Con todo ello, la Fiscalía imputa los delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Sumando los años máximos de pena por estos delitos, en total suman 38 años. Además, el Ministerio Público señala que existe peligro de fuga debido a que López “tiene los medios económicos y logísticos necesarios para su fuga”. Tampoco tiene arraigo laboral ni familiar. Por todo ello, el Poder Judicial aceptó su detención preliminar.
Si bien es cierto, los detenidos se encuentran en detención preliminar, serán días determinantes para conocer la responsabilidad de todos y definir, en todo caso, si corresponde una prisión preventiva para continuar con las investigaciones o el Ministerio Público decide seguir el proceso en libertad de los investigados.
Elementos de convicción
La Fiscalía presentó 15 elementos de convicción. Uno de ellos es la declaración de Salatiel Marrufo, brindada el 28 de junio del 2023. En su testimonio, el exasesor presidencial detalló cómo la designación de López fue impulsada por Castillo y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. También explicó que se intentó colocar a López en Sedapal y que, incluso, Sánchez le comunicó el direccionamiento de una obra de Piura a favor de una empresa china.
Las obras y los millones
