ERP. Los regidores de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, de la provincia de Piura, Segundo Arévalo Zegarra, José Madrid Alamo y Porfirio Girón Ogoña, aprobaron con celeridad extraña un dictamen para entregar un terreno de 600 m2, bajo el sombrío disfraz de un “convenio de cooperación institucional”, a OL & As Contratistas Generales SCRL, empresa propietaria del proyecto inmobiliario Valle Sagrado que opera en el distrito.
Y es que los tres regidores integran la Comisión Ordinaria de Desarrollo Institucional, que aprobó el 30 de enero del presente año este sospechoso “regalito” mediante dictamen N°001-2023-MDVO-CODI. Es decir, fue la primera tarea que cumplieron en apenas diez días útiles luego que fueron notificados el 13 de enero 2023 por la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria de la entidad edil.
Sin embargo, lo que resulta de escándalo, es que dicho terreno ubicado en la prolongación de la Av. Chulucanas y calle 18, no figura a nombre de la MDVO, conforme el Informe N°138-2023-MDVO-GDU-SGCHUySFL-JGC del 14 de febrero del 2023, que emite el Subgerente de Catastro Habilitaciones Urbanas y Saneamiento Físico Legal, Arq. Jhonny Gómez Córdova dirigido al Gerente de Desarrollo Urbano, Arq. José Chicoma Huamán.
En sus conclusiones Gómez Córdova refiere que, en la búsqueda catastral, el predio descrito no tiene antecedentes registrales, es decir “no tiene dueño”; y más aún no se puede determinar la compatibilidad del predio por encontrarse sobre secciones viales determinadas en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), “ya que estas solo pueden utilizarse para su fin”.
También aclara que el PDU-Plan Vial corresponde a una vía arterial, que se encuentra en los límites distritales, y que el único órgano competente de cualquier modificación al PDU con respecto al Plan Vial es la Municipalidad Provincial de Piura, por lo tanto recomienda consultar a la subgerencia de Infraestructura y de Transportes de la Provincial, sí existe una obra en proceso o proyectada en el predio.
Cabe mencionar que por su ubicación estratégica el terreno tendría un valor cercano al millón de Soles en el mercado inmobiliario, lo que resultaría contradictorio “dictaminar obsequios” en una municipalidad que carece de recursos económicos para su operatividad, cancelar deudas, pensiones, sueldos y otros gastos propios de la gestión.
Lo llamativo del convenio es que en su cláusula cuarta “Finalidad Pública” la empresa define que su suscripción “permitirá la recuperación y puesta en valor de áreas públicas y la difusión de alternativas de promoción y acceso al mercado inmobiliario”, sobre ejes de promoción de asesorías a los vecinos y aumentar su acceso a dicho mercado, mediante la compra de 20 lotes en el Proyecto inmobiliario de Valle Sagrado que se levanta en áreas del distrito.
Además, en la cláusula quinta la empresa se comprometería a conceder descuentos y otros beneficios a los posibles beneficiarios que serán “seleccionados” por la Gerencia de Desarrollo Social del municipio octubrino, difundir la imagen gráfica de la municipalidad en eventos organizados por la empresa, incluir logo edil en espacios obtenidos por la empresa en televisión y radio, entre otros “grandes beneficios para los vecinos”.
Arévalo Zegarra, Madrid Alamo y Girón Ogoña sustentaron su decisión en informes técnicos y jurídicos emitidos por la gestión anterior, los mismos que no se han revisado fehacientemente y con absoluta transparencia por los actuales funcionarios de la presente gestión que encabeza el alcalde Víctor Hugo Febre Calle.
