ERP. La Defensoría del Pueblo en defensa del derecho fundamental al abastecimiento de agua potable, establecido en el artículo 7° - A de la Constitución Política del Perú, inició una supervisión de oficio ante el anunciado corte del servicio por 10 días en Piura y Sullana, sin tomar en cuenta el estado de emergencia sanitaria decretado por tres meses para la Región Piura debido al síndrome Guillain – Barré.
El jefe de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, se reunió con el Gerente de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau, Roberto Sandoval Maza, para verificar el plan de contingencia a ser activado.
Ante la información, que lo programado por la prestadora del servicio incluía la activación de pozos y asistencia con cisternas, la Defensoría recomendó garantizar la operatividad de todos los pozos con agua segura para la población, así como la ubicación más adecuada de los puntos de abastecimiento con cisternas.
Defensoria y EPS
Asimismo, César Orrego, solicitó mantener ampliamente informada a la población respecto a los horarios y ubicación precisa de las cisternas con agua potable que se dispondrán para la atención a la comunidad, sobre todo, a población altamente vulnerable como niños, niñas, personas con discapacidad, personas adulta mayor. Además, tener una especial atención a los centros médicos, hospitales e instituciones educativas, esta última con una gran concentración de alumnado.
Al mismo tiempo, la entidad defensora de los derechos humanos en Piura propició una reunión de coordinación urgente en el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), con la participación de los representantes de EPS Grau, Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Dirección Regional de Salud, Ejército Peruano, a fin de obtener propuestas que disminuyan el riesgo de desabastecimiento en la ciudad de Piura.
Por lo que en protección de los derechos de los ciudadanos acordaron que 1) el PECHP en coordinación con la EPS Grau proveerá periódicamente de agua durante los 10 días que duren los trabajos, garantizando así un abastecimiento mínimo a la población. 2) El PECHP solicitará a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Autoridad Autónoma del Agua (AAA) la vigilancia y eventual procedimiento sancionatorio a los agricultores que impidan el paso del recurso hídrico con fines poblacionales. 3) Notificarán a las juntas de usuarios para evitar que agricultores impidan el curso del agua hacia la planta de tratamiento. 4) EPS Grau se comprometió a colaborar con la PNP proporcionando la logística para la vigilancia permanente del canal Daniel Escobar. 5) A fin de concretar la eficacia de lo acordado el día de mañana sostendrán una reunión en la Comandancia de la Primera Región Militar, los sectores de salud, EPS Grau, PECHP, PNP, Ejército Peruano y Defensoría del Pueblo.
Orrego, enfatizó que se debe tener en cuenta las necesidades de salud de la población, sobre todo por la declaración de emergencia sanitaria por la que Piura atraviesa en estos tres meses. Asimismo, precisó que “el acceso al servicio de agua potable y alcantarillado adecuados constituye una condición esencial para la dignidad de las personas y para viabilizar el pleno desarrollo de sus capacidades pudiendo afectar el derecho a la salud y educación de la población”.
Finalmente, El PECHP ha anunciado que realizará en el mes de diciembre una obra de mantenimiento de la infraestructura hidráulica del canal Daniel escobar lo que supondría un tiempo prolongado del corte del servicio de agua. En ese sentido la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades regionales, al PECHP y a la EPS Grau realizar un plan conjunto que permita el abastecimiento del líquido elemento a los pobladores de la ciudad de Piura.
