ERP. Carlos Antonio Santa María Bertini Hurtado es el poder real en el Gobierno Regional de Piura y despacha de manera directa con el gobernador Reynaldo Hilbck Guzmán. Una resolución en su contra lo obligará a cumplir la sanción de 3 años que le impuso Contraloría General de la República, la misma que se encontraba en suspenso por una medida cautelar a su favor.
Transcurrido el tiempo la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, decidió revocar una sentencia recurrida mediante la cual dejaba sin efecto las resoluciones del órgano de control. Esta decisión judicial regresa al estado real y el asesor y ex director del Chira Piura en la inundación, deberá cumplir conforme corresponde los 3 años que le impusieron en el 2014 de acuerdo al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. De acuerdo al Código Procesal Civil, tiene derecho aún a presentar recurso de casación para que lo resuelva la Corte Suprema de la República.
El hecho de la inhabilitación ocurrió en la gestión de Javier Atkins Lerggios. Se desconoce las razones por las cuales el actual gobernador Reynaldo Hilbck Guzmpan, pese a la condición administrativa, prefirió obviar la sanción del cuestionado Bertini, y al contrario lo empoderó incluso desconociendo el pedido de la mayoría de consejeros.
Todo llega a su fin; Bertini deberá cumplir si o si, sanción impuesta
El gobernador de Piura, don Reynaldo Hilbck Guzmán, después de ganar las elecciones, llevó a Bertini Hurtado consigo al Gobierno Regional, incluso realizando un cubil donde despachaba las funciones que le encomendó. Tras los cuestionamientos justificó que le pagaba con su propio peculio; sin embargo, ninguno de los consejeros de oposición actuó en ese momento, pese a utilizar indebidamente bienes públicos.
Meses después logró la medida cautelar a su favor, situación que le permitió ser designado como funcionario público, en calidad de Asesor Regional, cargo que ocupa hasta el momento.
El caso es bastante confuso e implicó a otros funcionarios del momento, por realizar acciones que según Contraloría pertenecían al Ministerio de Producción y no a la Dirección Regional de Producción. En tal sentido, la mayor parte de ellos, excepto don Miguel Zapata Zapata, decidieron apelar al Tribunal, sanción que fue ratificada en todos sus extremos.
Con la decisión de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, no solo se revoca la resolución de primera instancia, igualmente se deja sin efecto la medida cautelar y por lo tanto, el indicado funcionario deberá dejar de laborar en esta instancia y cumplir los 3 años de inhabilitación para ejercer función pública que dispuso la sanción administrativa disciplinaria de Contraloría General de la República.
El dato
Recordemos que en algún momento, los consejeros pidieron que el Gobernador Hilbck Guzmán, revalué la permanencia del indicado funcionario a lo que él se negó. En este caso, aún tiene la opción de casación y es probable que la esté solicitando para mantenerse en el cargo.
