ERP. La lucha efectiva contra la corrupción exige una reforma integral del Estado, de lo contrario continuaremos siendo testigos de actuaciones repudiables como las puestas en evidencia a través de los denominados “audios de la vergüenza”, aseguró Ricardo Álvarez Elías, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.
Álvarez enfatizó que la crisis de corrupción que afronta el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público es una grave alerta sobre lo que podría estar sucediendo en otros sectores de la administración pública.
En este sentido, recordó que fueron, precisamente, unos audios y videos que involucraban a congresistas de la República, los que motivaron la dimisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Consecuentemente, formuló un llamado a investigar exhaustivamente y a aplicar rigurosamente las sanciones que correspondan.
Fue enérgico al señalar que el Gobierno debe emprender con celeridad acciones contundentes anticorrupción que generen cambios positivos en la forma en que ésta se previene y combate e impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, cuya debilidad afecta tanto al sector público como al privado; así como, promover el fortalecimiento del clima de gobernabilidad.
Advirtió que la inestabilidad jurídica y política genera graves problemas al Estado poniendo en riesgo el flujo de inversiones, lo que podría afectar las proyecciones de crecimiento previstas por el Gobierno y por ende el desarrollo del país impulsado, principalmente, por la inversión privada.
Destacó que los medios de comunicación, el empresariado y la sociedad en general, son aliados primordiales para enfrentar la corrupción por lo que los animó a reafirmar su compromiso con la erradicación de este flagelo, y no dejar de denunciar este tipo de prácticas condenables.
Formuló una especial invocación al empresariado y sectores productivos de la región a marcar clara distancia de este fenómeno considerado el principal problema que afecta a nuestro país.
Ricardo Álvarez espera que la declaratoria de emergencia del Poder Judicial por 90 días marque un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país.
