ERP. Las lluvias, las inundaciones, ha llevado a la Defensoría a estar muy activa en esta época del año. Entre febrero y marzo, la Defensoría del Pueblo (DP) ha realizado 108 intervenciones solamente en la región Piura, lo que significa más del 15% de las acciones que ha desarrollado esta institución a nivel nacional a raíz de las intensas lluvias.
Hasta la fecha se han supervisado 10 refugios instalados en la región, tras lo cual se han derivado los requerimientos y recomendaciones a las autoridades correspondientes. Asimismo, se recorrieron algunos caseríos, constatándose la necesidad de evacuar a 7 mil pobladores aislados. En este sentido, la Oficina Defensorial (OD) de Piura coordinó, conjuntamente con autoridades locales, el Ejército y el Gobierno Regional el envío y entrega de ayuda humanitaria vía aérea.
Por otro lado, ante posibles saqueos en el distrito de Castilla y en el cruce con Catacaos, se gestionó con la Policía Nacional la presencia de cuatro escuadras de policías - de 30 personas cada una - en estos puntos.
Además, se coordinó, con el gerente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) Piura, la próxima emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes lo perdieron todo durante la emergencia, atendiendo así el derecho a la identidad de los damnificados/as.
También se supervisaron las zonas anegadas de la ciudad, tras lo cual se logró evacuar gran parte de las aguas en la Universidad Nacional de Piura, las urbanizaciones Miraflores, Cocos del Chipe, La Rivera, así como el centro comercial Open Plaza.
En total, de las intervenciones en Piura 94 fueron de manera reactiva a los acontecimientos climáticos y 14 fueron de manera preventiva en respuesta a las denuncias ciudadanas. Cabe informar que la Defensoría del Pueblo – a través de la OD Piura- coordina permanentemente las atenciones con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura.
La Defensoría del Pueblo continuará interviniendo en los eventos relacionados a las acciones mencionadas así como en las deficiencias en los servicios (como el abastecimiento de agua, electricidad y telefonía), emergencias en las vías de comunicación afectadas, riesgos en la infraestructura de los centros educativos y afectaciones a la salud.
