ERP. Los decretos legislativos dados, son medidas positivas para luchar contra la corrupción indicó Ingrid Díaz Castillo del . Indicó que entre ellas se puede mencionar la imputabilidad de las personas jurídicas, y la protección de las personas que se atrevan a denunciar lo que implica asumir con mayor importancia la participación de la sociedad civil, precisó la Coordinadora del Proyecto Anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú.
Díaz Castillo, destacó la cláusula anticorrupción que deberá incorporarse en los nuevos contratos públicos; sin embargo estimó que falta revisar toda la normativa de contrataciones del Estado, entre ellas las Alianza Públicos Privadas, que es donde existen problemas como la interoceánica y todas las demás concesiones de carreteras que implican el funcionamiento de peajes, en tal sentido es lo que se puede revisar.
Precisó que el Perú se viene adecuado por imperativo de la OECD, y se está en el camino de transparentar los actos del Estado Peruano; indicó que son las altas esferas las que están involucradas en el tema de corrupción y lo fundamental es poner más filtros para evitar esta situación y no se repitan.
Sobre el caso de Toledo confió en la sensatez del ex presidente de la República y esperó se presente a responder frente a la justicia, para evitar el escarnio del proceso de extradicción.
Sugirió que los corruptos no deben volver a ser operadores de justicia. Indicó que la Fiscalía y el Poder Judicial vienen demostrando que existen mejoras a favor de la administración de justicia, sobre todo por gente nueva que ha ingresado a prestar servicios en el sistema de administración de justicia.
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