ERP. Como resultado de los servicios de control realizados en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General supervisó los procesos de compras, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres de primera necesidad a familias vulnerables en 561 municipalidades de todo el país, de los cuales el 32% estaban en la fase de compra y distribución de estas canastas sin observación alguna, mientras que en el resto se identificó algún tipo de hecho que podría afectar la finalidad de dicha ayuda.
Del total de municipios intervenidos, 91 corresponden a jurisdicciones provinciales, y 470 a distritos de todas las regiones. En este megaoperativo de control a los gastos de la emergencia sanitaria COVID-19, intervienen más de 400 auditores.
Hechos detectados
El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.
Los hechos detectados están asociados principalmente a las deficiencias en la distribución de canastas que se presentaron en 130 municipios (23% del total), tales como la falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, personal edil sin equipos de protección, entre otros.
En segundo lugar, se ubicó la demora en los procesos para adquirir los víveres, lo que se reflejó en un total de 113 municipalidades que representan el 20% del total de entidades ediles supervisadas. En este grupo se encuentran las municipalidades que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.
También se detectó que 86 municipalidades (15% del total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados, sin documentación respectiva o sin personal debidamente protegido, para almacenar los víveres antes de ser distribuidos.
Otro hecho detectado por los auditores fueron las deficiencias en los productos adquiridos por 33 municipalidades (6% del total), entre los cuales figuran las diferencias en el peso de los productos adquiridos, la falta de registro sanitario, falta de inocuidad, ausencia de fecha de vencimiento, alimentos en malas condiciones, entre otros.
Por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa (región Junín) un equipo de auditores de la Contraloría advirtió que un proveedor entregó cerca de 38 kilos de lentejas en mal estado, ya que contenían hongos y por eso este producto sea separado oportunamente para que no sea utilizado en el armado de las canastas de víveres.
Contraloría: Solo 32% de municipios realiza compra y entrega de canastas sin observaciones
Asimismo, se detectó falta de información en las órdenes de compra y en la calidad de los productos adquiridos por la Municipalidad Provincial de Chepén, en la región La Libertad, para la elaboración de canastas familiares, generando el riesgo de la autenticidad del origen, seguridad del empaquetado y calidad de los alimentos, pudiéndose afectar la salud de la población beneficiada.
En Lima, la labor de control de la Contraloría permitió alertar que en el distrito de San Juan de Lurigancho había 20 canastas que tenían menos productos de lo establecido, lo cual fue advertido a la municipalidad para que el proveedor cumpla con completar el contenido de dichas canastas.
Mientras que el 32% (179) de municipios se encontraban, al momento de la visita de los auditores, en la fase de implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución de canastas a las familias vulnerables beneficiarias, siguiendo lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 033-2020. Mientras que 15 municipalidades (3%) culminaron con la distribución de canastas de víveres.
En menor medida, pero no menos importante, son los casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos, la ausencia de funcionarios que imposibilitó realizar las visitas de control, proselitismo en la entrega de canastas y la entrega de canastas a familiares de autoridades y funcionarios ediles, lo cual será establecido en los respectivos informes de control que se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.
A nivel nacional
Sólo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los auditores de la Contraloría visitaron un total de 50 municipalidades, entre las cuales figuran dos municipios provinciales y 48 distritales. Al interior del país, la mayor cantidad de municipalidades intervenidas se registraron en San Martín (57), Puno (43), Cusco (43), Piura (39), Arequipa (38), Huancavelica (32), La Libertad (30) y Lambayeque (25).
También se supervisaron municipios en Amazonas (19), Ayacucho (19), Apurímac (17), Ica (17), Lima Provincias (17), Junín (16), Ancash (15), Tacna (12), Cajamarca (12), Pasco (11), Tumbes (11), Ucayali (9), Moquegua (9), Huánuco (8), Madre de Dios (8) y Loreto (4).
El servicio de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 consistió en el desplazamiento del control en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el almacenamiento y su distribución hacia las familias que lo necesitan.
La labor de los auditores, entre otros aspectos, también consistió en recordar a las autoridades ediles y funcionarios a cargo de los procesos de adquisición y distribución de canastas el cumplimiento de los lineamientos establecidos Contraloría, los cuales son de conocimiento público.
De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las familias beneficiarias. Del mismo modo, todos los recursos públicos asignados a los Gobiernos Locales deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política en particular.
Asimismo, los auditores de la Contraloría están apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del Sistema Nacional de Control. En las visitas del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron con este requisito establecido.
