ERP. Más de 6 mil personas fueron detenidas durante el 2017 por delitos contra la libertad sexual en todo el país. De dicha cifra, el 83%, es decir una cantidad mayor a 5 mil personas, fueron mayores de edad y un 61% de los detenidos correspondientes a dicho grupo fue capturado en flagrancia.
Así se dio a conocer en el último reporte elaborado por el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (Renadespple), que preside el Ministerio Público y lo integran distintas instituciones del Estado.
De acuerdo al reporte, el total de detenidos por delitos contra la libertad sexual fue de 6 mil 44 personas, quienes fueron intervenidos o se encuentran detenidos en contextos de flagrancia, prisión preventiva o sentencia efectiva. Además, el documento detalla que el Ministerio Público consiguió que se dicte prisión preventiva en el 65% de requerimientos formulados ante las autoridades judiciales.
A nivel nacional, los distritos fiscales de Lima y Lima Norte registran el mayor número de detenidos con 678 y 405 casos, respectivamente. Les siguieron Lima Este, con 366 detenidos; Cusco, con 351; Junín, con 331 personas; Arequipa, con 266; Ayacucho, con un total de 254 detenidos; y San Martín, con 253.
En relación a los subtipos comprendidos dentro de la denominación de delitos contra la libertad sexual, el informe señala que 2 mil 441 personas fueron detenidas por el delito de violación sexual; mientras que un total de 2 mil 29 personas, por actos contra el pudor. Asimismo, se registró más de 750 detenidos por abusos sexuales contra menores de edad.
Como se recuerda, el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (Renadespple) está integrado por instituciones como el Ministerio Público, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
Entre los servicios, destaca el ofrecer información actualizada sobre las personas que son privadas de su libertad en todo el país, que sirve para brindar mejoras constantes a la administración de justicia.
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