ERP. La publicación, del domingo 23 de octubre, de la octava lista para la devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), ha despertado la preocupación de la Defensoría del Pueblo. Uno de los principales problemas detectados es que diversas entidades estatales no brindan la información necesaria para acreditar los aportes que efectuaron en favor de sus trabajadores, incumpliendo con la obligación impuesta a todos los empleadores por el artículo 23 del Reglamento de la Ley de devolución de dinero del Fonavi.
Como en las anteriores listas publicadas, se ha generado problemas entre los posibles beneficiarios no incluidos, constituidos en su mayoría por adultos mayores y personas con discapacidad. También se ha advertido que los canales de atención de la devolución de aportes al Fonavi son insuficientes y no cuentan con información precisa de orientación al ciudadano, contraviniendo el artículo 18 del reglamento antes mencionado.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a modificar el Reglamento de la Ley de devolución de dinero del Fonavi, a efectos de establecer sanciones para los empleadores que no cumplan con la obligación de entregar información sobre los aportes o lo hagan de forma deficiente, así como para permitir que los fonavistas puedan presentar pruebas para suplir esta falta de documentación. Asimismo, recomendamos a la Comisión Ad Hoc, encargada de la devolución de aportes al Fonavi, que implemente un portal web que permita a los posibles beneficiarios conocer, de forma sencilla, el estado del procedimiento de devolución y el detalle de los motivos que sustentan su exclusión, entre otros datos relevantes.
Finalmente, debe indicarse que esta institución viene atendiendo solicitudes de adultos mayores y personas con discapacidad de todo el país, quienes requieren nuestra intervención para que la Comisión Ad Hoc reconozca sus aportes al Fonavi y, en consecuencia, los incorpore en los padrones de beneficiarios. No obstante, de los 6 mil 838 casos que hemos reportado a la Comisión Ad Hoc, solo en 858 se ha incluido a los peticionantes en las listas de beneficiarios. En ese sentido, reiteramos nuestro pedido a las entidades competentes para que tomen medidas concretas y eficaces que atiendan a los reclamos de estos sectores vulnerables de la población.
