ERP/Tumbes. Los investiga por colusión agravada en trabajos realizados durante declaratoria de emergencia.La fiscalía de corrupción de funcionarios de Tumbes, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el director y otros funcionarios del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes por presuntas irregularidades cometidas durante los procesos de exoneración para el reforzamiento de defensas ribereñas y otros trabajos durante el periodo de emergencia y en el cual se invirtieron cerca de 15 millones de soles.
Entre los investigados se encuentra Jaime Pedro Otiniano Ñañez (actual director del PEBPT), Luis López Peña, Jorge Luis Molina Palomino (asesor legal del PEBT), Enrique Antonio Maceda Nicolini (Director de Infraestructura Agraria y Riego), Miguel Ángel Velásquez Rodríguez, Luis Martín Pérez Lozada, Víctor Abraham Llacas Díaz (Administrador del PEBPT), Carl Fernando Temoche Benites, Francisco Luis Alberto Escobar Feijoo, Desiderio Atoche Ortiz y Giam Franco Mendoza Ramírez.
La Fiscalía Especializada de Corrupción de funcionarios ha encontrado en sus investigaciones presuntos indicios de colusión agravada, entre funcionarios a cargo de la gestión, dirección y ejecución de los procesos por exoneración convocados en mérito a la declaratoria de emergencia dada en el mes de marzo de 2015, mediante Decreto Supremo N° 024-2015-PCM, y en virtud de la cual se otorgó al departamento de Tumbes más de 15 millones de soles.
Los funcionarios en mención habrían presuntamente actuado en defraudación de los intereses del Estado, al haber direccionado el otorgamiento de buena pro de los procesos por exoneración a las empresas contratistas Servicios Generales, representada por Ketty Vanessa Bodero Espinoza a quien se le benefició con trece procesos, por más de un millón de soles cuando solo podía facturar hasta 150 UIT.
De igual forma se habría favorecido a la empresa Águila Blanca de Montaña EIRL, representada por Judith Neciosup Dios, quien es secretaria del JAMO II y a la que se le adjudicó dos procesos por la suma total de más de 128,000 soles, cuando esta empresa recién se inscribió en la SUNAT cuatro días antes de la declaratoria de emergencia.
En similar situación se encuentra J&J Alemán Constructores EIRL, representada por Juan Duhamel Alemán Coronel al que se le favoreció con dos procesos por exoneración que ascienden a más de un millón de soles; en tanto que a su esposa Janet Elena Paucar Chilón de Alemán, representante legal de Servicios Múltiples Ariana E.I.R.L, se le adjudico un proceso que ascendía a más de 300,000 soles, y quien formó su empresa un mes antes de que se declarara a Tumbes en estado de emergencia.
En tanto a la empresa PyV Contratistas EIRL, representada por Eduardo Sanchez Espejo se le otorgo la buena pro de dos procesos por más de un millón de soles, y al Contratista Fernando Chamaya Ramos se le otorgo tres procesos por exoneración, a quien se le pago mediante cheques contario a lo establecido en los contratos.
La investigación comprende veintitrés procesos exonerados que se adjudicaron a las empresas antes mencionadas e incluye a funcionarios de la Autoridad Local del Agua (AAA) de Tumbes Alfio Leyva Gil (Administrador del ALA), Edward Wilmer Silva Medina, Edgard Nilson Ramírez Coveñas, Ángel Segundo Mera García y Ramón Medina Silva, quienes presuntamente habrían también participado en la defraudación a los intereses del Estado. Todos ellos junto a los contratistas, también han sido incluidos en las investigaciones.
