Tumbes. La Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) entró en vigencia desde ayer en la Corte Superior de Justicia de Tumbes, con la primera demanda ingresada en el recientemente creado Módulo Corporativo Laboral.
Dicho expediente, referido al pago de beneficios laborales, será resuelto en la tercera parte del tiempo empleado con la antigua norma, lo que beneficiará al justiciable.
En el acto de presentación de esta demanda participó el juez supremo titular, doctor Ramiro de Valdivia Cano, quien resaltó que la reforma laboral que se inicia en Tumbes brindará una justicia célere y oportuna, tan reclamaba por los obreros, empleados y pensionistas que afrontan algún proceso en esta materia.
En el nuevo modelo procesal, explicó, destaca la aplicación de los principios de oralidad e inmediación, con lo que los casos podrán resolverse en tiempo récord.
Asimismo, el magistrado dijo que el NLPT pone énfasis en el uso de la tecnología mediante la notificación electrónica, la grabación en audio-video de las audiencias, y la digitalización documentaria para facilitar la labor de los jueces. “La implementación de esta reforma, significa una revolución en el servicio de administración de justicia en beneficio de la colectividad”, remarcó.
El doctor de Valdivia Cano, quien preside el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la NLPT (ETI Laboral), participó antes en la inauguración del Módulo Corporativo Laboral, en el que se tramitará los procesos judiciales laborales en forma exclusiva. Se ubica en la avenida Grau, manzana J, lote 7, en la zona conocida como Nuevo Tumbes.
Dicho módulo está conformado por el Juzgado de Paz Letrado Laboral Supranacional Permanente y el Segundo Juzgado de Trabajo Supranacional Permanente. Asimismo, se creó una Sala Laboral Permanente.
En la ceremonia, mediante la cual se puso en vigencia el NLPT, también participó el presidente de la Corte de Tumbes, doctor Percy Elmer León Dios; el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), doctor Perú Valentín Jiménez La Rosa; autoridades locales del Poder Judicial y la Fiscalía, entre otros.
