ERP. La transparencia, honestidad y fallos ajustados a Ley es una deuda pendiente del Poder Judicial y de todo el aparato que se encuentra vinculado a la justicia. En el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia, se reúnen por primera vez en la historia para plantear soluciones a los problemas en sus distritos judiciales.
Por primera vez en la historia, los presidentes de las cortes superiores de justicia y de las juntas de fiscales superiores de todo el Perú se reúnen para plantear soluciones a los problemas que presenta cada uno de los distritos judiciales, con la finalidad de brindar un mejor sistema de justicia.
La cita, que se viene desarrollando en la Academia de la Magistratura en el marco de la Novena Reunión del Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), se extenderá hasta mañana viernes 25 de agosto.
Durante su participación en los talleres programados para hoy, los magistrados vienen brindando aspectos generales sobre la administración de justicia en casa una de sus jurisdicciones. Asimismo, se han comprometido a construir una visión común sobre el sistema judicial peruano.
“Felicitamos el compromiso de los magistrados, porque tienen el mismo interés de trabajar en conjunto para lograr un sistema de justicia eficiente y eficaz”, sostuvo el Dr. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, presidente de la AMAG, quien inauguró el encuentro acompañado en la mesa de honor del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo; del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados y del viceministro de Justicia, Edgar Carpio Marcos.
Como se conoce, el Acuerdo Nacional por la Justicia está integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de concretar los esfuerzos de coordinación y colaboración entre estas instituciones para mejorar el sistema de justicia.
El ANJ está estructurado sobre la base de cinco acuerdos y seis compromisos urgentes. Asimismo, las instituciones participantes establecieron acciones inmediatas que han cumplido durante los primeros cien días.
