ERP. La Defensoría del Pueblo supervisó diversas instancias del Estado para verificar el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y pudo comprobar que, en el caso de los ministerios, ninguno cumplió con actualizar íntegramente sus reglamentos de acuerdo a las normas vigentes.
Al respecto se pudo identificar que el Ejecutivo ha descuidado su labor en la aprobación de los reglamentos que permiten, por ejemplo, la participación ciudadana en diversos sectores a pesar de su importancia para evitar conflictos socioambientales.
En tal sentido, es necesario que el Ministerio de Ambiente (Minam) fortalezca su rol rector para que el Poder Ejecutivo cumpla con implementar las normas del referido sistema.
En el caso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), que permiten la aprobación automática de modificaciones a proyectos que no implican mayor impacto, se detectó deficiencias normativas que pueden favorecer la aprobación de proyectos sin una adecuada evaluación socioambiental, dejando de lado la participación ciudadana y la consulta previa.
Por esta razón, se requiere que el Minam establezca criterios específicos a fin de prevenir una aplicación discrecional e indiscriminada por parte de los sectores responsables de promover las inversiones, tal como viene sucediendo en la actualidad.
Por otro lado, se ha podido constatar que algunos gobiernos regionales emiten certificaciones ambientales sin contar con competencias transferidas en el marco del proceso de descentralización o mediante norma especial.
Asimismo, se detectó que el Ministerio de Energía y Minas ha venido emitiendo resoluciones ministeriales de transferencia en los sectores de electricidad e hidrocarburos, sin observar el procedimiento previsto en la Ley de Bases de Descentralización.
Respecto de estos y otros hallazgos la Defensoría del Pueblo ha emitido un conjunto de recomendaciones mediante el Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP-AMASPPI.MA, el cual busca contribuir a la defensa del derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado de las personas, así como del derecho a la información, participación y consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión.
