ERP. Se buscó tener las facultades para legislar y resolver la crisis económica peruana y frente a ello, el Congreso de la República publicó hoy la Ley que otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia administrativa, económica y financiera, por un plazo de 90 días calendario.
Según la norma, oficializada en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo podrá promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, así como las asociaciones publico privadas y la modalidad de obras por impuestos.
Estará facultado también para facilitar y optimizar procedimientos en lo sectores involucrados en las referidas materias, por medio de la cual podrá establecer mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, a fin de garantizar dicha ejecución en los tres niveles de gobierno.
Precisa, asimismo, que el Ejecutivo podrá tomar las medidas para facilitar el comercio a nivel nacional e internacional, eliminar las regulaciones que considere excesivas y que limitan las operaciones, además de facilitar la provisión de servicios de transporte acuático en la Amazonía, dónde no exista la oferta privada suficiente.
Al amparo de las facultades delegadas, Ejecutivo podrá perfeccionar la regulación en las actividades de generación y distribución eléctrica y de electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad.
El Gobierno podrá, además, promover el consumo de recursos marinos por medio del desarrollo de la acuicultura; impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los parques industriales y ecosistemas productivos; así como se fortalecerá los Centros de Innovación Tecnológica (CITE).
Por último, dispone medidas para incentivar el acceso a la vivienda y formalización de propiedades; reforzar la rectoría en saneamiento para promover, modernizar y optimizar la infraestructura, así como los servicios de saneamiento y sostenibilidad de recursos hídricos.
Establece, también, otorgar incentivos fiscales para la promoción de fondos de inversión de bienes inmobiliarios, el arrendamiento de inmuebles para vivienda e impulsar el desarrollo del mercado de factoring.
La ley está rúbricada por la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, y el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca.
