ERP. La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundada la demanda de amparo a favor de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes fueron inhabilitados de manera arbitraria por el Congreso de la República, y en la misma resolución insta se abstenga de incurrir en el futuro con este tipo de decisiones.
Los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, fueron inhabilitados e incluso, sin la certeza de haberse obtenido los votos requeridos para sacarlos del cargo; ellos, fueron acusados de cometer falta grave, al haberse pronunciado por la continuidad de la magistrada Tello, quien, según los acusadores, superó la edad para poder seguir ejerciendo como miembro de la Junta Nacional de Justicia.
La decisión sin duda, ratifica un precedente en el sentido, que nadie se encuentra exento del sistema judicial y que tampoco el Congreso de la República es el máximo poder como malamente se ha querido imponer. Incluso, en el afán de perjudicarlos a Tello y Vásquez, la medida cautelar que ordenó su reposición al cargo, fue declarada en suspenso por un Tribunal Constitucional que es totalmente dependiente del legislativo.
De acuerdo al análisis respectivo, se determina que los congresistas José Luna Gálvez y José Jerí Oré, como miembros integrantes de la Comisión Permanente, no podían participar en la votación del 7 de marzo de 2024 en la que se inhabilitó por 10 años a Tello y Vásquez, por lo que no se siguió el debido proceso, al vulnerarse el artículo 100 de la Constitución.
"Nótese que de no haber intervenido estos congresistas no se habría alcanzado formalmente la votación inhabilitante; pero se advierte además algo más grave que no se ha tomado en cuenta: al permitirse votar a los miembros de la Comisión Permanente, el universo sobre el cual debieran obtenerse los dos tercios de votos que prescribe la norma sería mayor, de modo que el mínimo de votos necesarios para inhabilitar también hubiera sido mayor, circunstancia que no se tomó en cuenta, lo que nos indica que se vulneró el principio del Procedimiento preestablecido por ley", dice la resolución con fecha 1 de julio.
"Debemos ordenar con firmeza al Congreso de la República que guarde respeto por las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia y cese de inmediato la agresión a los derechos fundamentales de los demandantes inhabilitados" se indica al declarar fundada la demanda de estos dos magistrados, que han tenido un actuar correcto.
Durante los últimos meses han pretendido desde el Congreso, impedir que la Junta Nacional de Justicia siga funcionando con normalidad, de acuerdo a analistas, el objetivo es tener una instancia dependiente y sumisa al Congreso de la República, posición contrararia a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes en todo momento demostraron independiencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones.
Un proyecto que se tramita desde la Comisión de Constitución y Reglamento, intenta eliminar la Junta Nacional de Justicia, y trasladar el peso de la designación de los magistrados al futuro senado de la República.
