Contralor Fuad Khuory se presentó en Comisión investigadora
ERP. La Contraloría General de la República, en un trabajo elaborado en las cuatro últimas semanas, halló ocho empresas que, presuntamente, estarían vinculadas al empresario Martín Belaunde Lossio y que han contratado con el Estado. Con la salvedad hecha por su titular de que la CGR audita las operaciones de las entidades públicas y no de personas naturales o empresas privadas, el contralor Fuad Khuory expuso la labor que realiza esa institución sobre este tema ante la comisión investigadora.
El grupo multipartidario que preside la congresista Marisol Pérez Tello, sesionó el jueves 22 en forma pública a solicitud del parlamentario Mauricio Mulder. Bajo esta premisa, de que la información es pública y se encuentra en la página web de la Contraloría, su titular explicó que Belaunde Lossio no es ni ha sido funcionario público y que la información analizada entre el 2004 y 2014 ha encontrado ocho empresas vinculadas al investigado que contrataron con el Estado.
Estas son Constructora Málaga Hnos. S.A., Ortiz Constructores y Proyectos S.A., sucursal Perú, Antalsis Perú SAC/Antalsis Sucursal del Perú, O Y M Constructores SAC, Omega Constructores y Consultores SAC, Benass Contratistas Generales SAC, Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU y Central Media SAC. Todas ellas contrataron por un valor de 2 mil 947 millones de soles.
Málaga Hnos, según el Contralor, tuvo casi 2/3 de los contratos: 2,170 millones de soles y las principales entidades con las que contrató la empresa fue con ProVías Nacional (un millón de soles), Gobierno Regional de Pasco (283 mil), Gobierno Regional de Junín (273 mil), INPE (160 mil), Municipalidad de Trujillo (100 mil nuevos soles) y otras entidades, por 332 millones nuevos soles.
Ortiz Constructores y Proyectos S.A. contrató por un total de 398 millones 773 mil nuevos soles, con los gobiernos regionales de Apurímac, Cajamarca, Puno, Pasco y Tumbes; mientras que Antalsis (Perú SAC- Sucursal del Perú), contrató por un total de 139 millones, con el IPD, los gobiernos regionales de Cusco y Madre de Dios, Agro Rural y la municipalidad distrital de Coronel Greogorio Albarracín (Tacna).
También informó que Central Media SAC contrató con los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de Vivienda, y la ONPE por un total de 21 millones de soles.
Inmediatamente después, Fuad Khuory pormenorizó los casos concluidos de acciones de control que realizó la Contraloría en la mayoría de los gobiernos regionales. Dijo que no se ha identificado aún empresas vinculadas a Belaunde Lossio en los departamentos de Lambayeque, Amazonas, San Martín. Ucayali y Moquegua.
Informó que la CGR ha emitido 29 informes de control en los que se ha hallado responsabilidad en los contratos y en operaciones relacionadas con empresas que estarían vinculadas a Martín Belaunde. También se ha identificado responsabilidad penal, civil y administrativa en funcionarios de doce entidades, con un perjuicio económico de 250 millones de soles. A la fecha se encuentran en ejecución tres acciones de control: la Presidencia del Consejo de Ministros, Instituto Peruano del Deporte y el Instituto Nacional Penitenciario.
En su informe, el Contralor dio a conocer que Constructora Málaga Hnos. contrató con el Ministerio de Educación la construcción de la segunda etapa de la sede central, con un perjuicio económico de 860 mil soles. Los informes especiales señalan que se hizo pagos en exceso por trabajos no ejecutados, se incluyó rubros no afectados por trabajos adicionales, y se utilizaron criterios brindados por el contratista que no estuvieron contemplados en el contrato. Este caso se encuentra en el Poder Judicial.
Otro caso fue la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Ica, y del Nuevo Hospital de Pisco, contratado entre EsSalud y la misma constructora. Hubo incremento indebido en los costos por facturación sin sustento; y se otorgó la buena pro a una empresa que no reunía los requisitos mínimos de capacidad técnica ni experiencia profesional. Se encontraron responsabilidades administrativas.
Los casos que están en proceso de auditoría son: la construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Chincha a través de un contrato entre el INPE y el Consorcio Joca-Cedosac-Constructora Málaga; entre el IPD y Ayesa Perú SAC sobre subvenciones por 13 millones de soles otorgados al IPD; publicidad estatal entre la PCM y Central Media SAC, Editorial NILAI SAC y Comunicaciones del Perú; y otros cuatro contratos suscritos por el Gobierno Regional del Cusco con diversos consorcios formados por las empresas relacionadas con Belaunde Lossio.
Intervenciones:
En la intervención de los congresistas, Mauricio Mulder (CP) destacó la envergadura de las operaciones y el nivel alcanzado entre esas ocho empresas y los gobiernos regionales. Pidió al Contralor mayor información contractual entre las empresas con socios directos de Belaunde Lossio.
El congresista Yonhy Lescano (AP-FA) preguntó si se había dictado sanciones contra los funcionarios que han cometido delito, mientras que Marco Falconí dijo que “se sentía frustrado” de la labor de la CGR y observó que solo se habían detectado irregularidades en 18 gobiernos regionales, y que no se había informado de casos encontrados en región por región.
En sus respuestas, el Contralor Fuad Khuory reveló que se reunió (ante una pregunta del congresista Segundo Tapia) con el padre de Belaunde Lossio (propietario del diario La Primera), pero para tratar temas sobre el papel de los medios de información contra la corrupción, y la situación de la exprocuradora Jeni Vilcatoma. Explicó que ella no pudo acogerse a las normas de protección al denunciante porque ya había sido cesada en el cargo antes de acudir a la CGR.
Pidió que, vía reforma constitucional o una ley especial, se faculte a este organismo de control para levantar información bancaria y financiera y contar con mayor personal especializado que hoy se encuentran bajo la modalidad de CAS. Khuory dijo que la CGR le ha ahorrado al Estado unos 340 millones de soles por esta labor, que las unidades ejecutoras formadas por los gobiernos regionales son legales y que debe haber sanción penal y efectiva a los corruptos. Se expresó en contra de la pena suspendida para los acusados de corrupción.
