ERP. En el marco del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, la Contraloría General realizará servicios de control posterior a obras públicas ya culminadas o próximas a culminarse en el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021 por un valor de S/ 163 millones, las cuales serán evaluadas desde la fase de transferencias hechas por el Poder Ejecutivo a los gobiernos subnacionales, anunció el contralor general, Nelson Shack durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
“Vamos a evaluar estos proyectos desde las transferencias hechas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pasando por la ejecución hecha por los gobiernos regionales y locales para detectar presuntos casos de corrupción que se han dado a conocer a través de medios de comunicación e investigaciones fiscales”, comentó.
Indicó que en el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021, publicado en octubre del 2021 para dictar una serie de medidas económicas y financieras extraordinarias en materia de ejecución de gasto público, se elaboraron un total de 133 proyectos de inversión pública con un valor total de aproximadamente S/ 520 millones. Dicha norma permitía financiar proyectos de saneamiento urbano y rural, infraestructura vial y equipamiento urbano, a cargo de gobiernos locales (municipalidades) para contribuir a la reactivación económica y atenuar los impactos de la pandemia por la COVID-19.
“Son 133 proyectos con financiamiento autorizado y la mayoría son pequeños proyectos, de los cuales solo dos tienen montos superiores a los S/ 10 millones, pero ante la importancia de la aplicación de este Decreto de Urgencia pudimos desplegar una serie de servicios de control a 69 proyectos, es decir casi la mitad”, agregó.
Sin embargo, mencionó que para poder culminar los 133 proyectos formulados sobre la base del DU 102-2021 se requiere una inversión que ya se incrementó a casi S/ 600 millones, de los cuales ya se ejecutaron S/ 436 millones.
Sobre los resultados del control gubernamental a estos proyectos de inversión público, Shack Yalta indicó que se realizaron 67 servicios de control, de los cuales 62 corresponden al control simultáneo y con los cuales se emitieron un total de 333 alertas a las entidades públicas a cargo de estas obras. De ese total de situaciones adversas, el 42% (142) no fueron corregidas y en el 39% (130) no se informó a la Contraloría sobre la adopción de acciones.
Mientras que con los cinco servicios de control posterior realizados a estas obras se detectó presunta responsabilidad de hechos irregulares en 11 funcionarios públicos y se hicieron observaciones al manejo de S/ 10.5 millones.
Balance del Control Concurrente
Por otro lado, el titular de la Contraloría General presentó a los miembros de la Comisión de Fiscalización un balance del control concurrente a nivel nacional, y detalló que entre los años 2021 y 2023 se han realizado 2902 servicios bajo esta modalidad de control simultáneo, con los cuales se revisaron un total de 1503 inversiones públicas a nivel nacional.
“El control concurrente sirve para alertar y vemos que se han emitido 10 696 situaciones adversas, de las cuales hay 4708 observaciones, alertas o banderas rojas que se puso en los escritorios de los gestores públicos que no han sido corregidos, eso es el 44% y solo en el 24% no nos han informado de acciones correctivas. En otras palabras, 4 de cada 10 alertas no han sido corregidas y eso es algo preocupante, ya que esos errores se transformarán en horrores que generarán un perjuicio al Estado”, anotó.
Asimismo, adelantó que la Contraloría está haciendo un estudio para determinar el ahorro que produce el aplicar las medidas de mitigación a las alertas emitidas por el máximo ente del Sistema Nacional de Control.
“El control concurrente funciona siempre y cuando el gestor tenga la capacidad y quiera resolver el problema que la Contraloría le advierte. Si eso no pasa entonces la efectividad del control concurrente se reduce sustancialmente”, subrayó.
También precisó que, durante el 2023, la Contraloría tiene previsto ejecutar 5 946 servicios de control concurrente, lo que significará casi el doble de lo realizado entre 2021 y 2022.
En ese sentido, manifestó que como resultado de la expansión del control concurrente, dictaminado con ley aprobada por el Congreso de la República, se han obtenido transferencias por S/ 832 millones, de los cuales S/ 811 millones provienen de 155 entidades públicas para realizar control concurrente a proyectos de inversión y otros S/ S/ 21 millones provenientes de 15 entidades para realizar esta modalidad de control a procesos de compras públicas.
“Esto está permitiendo que la Contraloría haya iniciado un concurso público, que es el más ambicioso en la historia de la Contraloría, para ofrecer 4100 posiciones en planilla y esperamos captar a personal calificado que nos permita poblar todas las oficinas de control institucional que ya han sido absorbidas y desplegar el control concurrente a los bienes, servicios y obras que despliegan en cada localidad. Este año vamos a lograr, por vez primera, la cobertura total de las entidades públicas y haremos una acción de control en cada distrito del Perú”, aseveró.
Informe de Gestión 2022
Otro tema en agenda fue la presentación del Informe de Gestión 2022 de la Contraloría, que incluye los principales resultados en materia de control obtenidos durante el año pasado. El Contralor General precisó que en el 2022 se concluyeron 42 734 servicios de control, de los cuales 135 corresponden al control previo, 27 587 a servicios de control simultáneo y 15 012 a servicios de control posterior.
En materia de control simultáneo, detalló que los 27 587 informes emitidos permitieron alertar 42 553 situaciones adversas a los gestores públicos, de los cuales 7 114 corresponden a entidades del Gobierno Nacional, otros 5 473 a instancias de los gobiernos regionales y 29 966 a los gobiernos locales (municipalidades). Sobre esta cifra, Shack Yalta puntualizó que el 46% (19 767) del total de alertas emitidas no fueron corregidas y el 24% (10 226) no registran acciones de los gestores públicos.
Por su parte, los informes de control posterior permitieron realizar el control al manejo de recursos públicos por un total de S/ 19 211 millones, de los cuales en S/ 5 735 millones se tuvieron observaciones de los auditores de la Contraloría, quienes determinaron un perjuicio económico contra el Estado valorizado en por S/ 1 150 millones. También se determinó presunta responsabilidad de hechos irregulares en 8 730 funcionarios públicos y se detectaron un total de 18 089 responsabilidades administrativas, PAS, civiles y penales.
