ERP. Un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, zanja posición respecto a la pretendida norma que busca desde el Congreso recortar el mandato de la máxima instancia electoral y también del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como es evidente, existe una actitud arbitraria que busca eliminar todo vestigio de independencia e imparcialidad y para ello, pretenden adoptar decisiones inconstitucionales.
Como se tiene conocimiento, políticos de la derecha y extrema derecha, iniciaron una burda campaña en las elecciones generales del 2021, cuestionando a los organismos electorales sin ningún tipo de prueba; en esa lógica, se buscó empañar la honorabilidad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones e igual del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El objetivo era evitar la proclamación del candidato ganador.
Durante esa etapa, presentaron recursos de nulidad a las actas electorales, incluso un miembro del Jurado Nacional de Elecciones se coludió con los cuestionadores, hasta que finalmente decidió salir; frente a este tipo de circunstancias, el Jurado resolvió de acuerdo a derecho y pese a la tardanza, logró proclamar al presidente y vicepresidente de la República en el el plazo de Ley.
En estas circunstancias, una representante de Fuerza Popular, organización política que abogó por el fraude, ha presentado un proyecto para recortar el mandato, aspecto que es considerado totalmente inconstitucional. Pese a ello, debe tenerse en cuenta que existe una condescendencia entre el Ejecutivo y Legislativo, para aprobar normas sin importarles la constitucionalidad de las mismas. Para validarlas tienen como aliado al Tribunal Constitucional.
Especialistas coincidieron en que, de aprobarse el proyecto de ley que plantea recortar el mandato de titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), vulneraría la autonomía de las instituciones electorales y constituiría una injerencia por parte del Congreso.
José Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, señaló que el diseño constitucional de los organismos electorales los ha dotado de autonomía para que el poder político, en este caso el Parlamento, no pueda tener injerencia sobre ellos.
Agregó que, de haber algún tipo de cuestionamiento sobre los miembros de los entes electorales, la vía correcta sería llevar el tema ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En ese sentido, el especialista recordó que esta última ya ha ratificado a Jorge Salas Arenas como presidente del JNE.
“No es correcto que, a través de una ley de reforma constitucional, el Congreso quiera intervenir el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE recortando el mandato, porque esa no es la vía correcta”, declaró Villalobos a Exitosa.
Por su parte, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, consideró que el proyecto de ley presentado por la bancada Avanza País pone en riesgo la integridad de las elecciones generales que se llevarán a cabo en abril de 2024.
En esa línea, dijo esperar que dicha iniciativa legislativa no prospere en el Congreso y que los legisladores tomen conciencia de la necesidad de garantizar la independencia y autonomía de los organismos electorales.
“Cuando se presenta un proyecto de ese tipo se puede poner en serio riesgo la integridad de las elecciones. El poder político intenta interferir en un proceso que debería ser completamente independiente de las decisiones políticas” señaló Lanegra.
