ERP. Como es de conocimiento público, la Contraloría ha iniciado servicios de control en Petroperú debido a denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y uso indebido de bienes de la empresa, entre otros.
En las últimas semanas, se han registrado situaciones de hostilización y amenazas de parte del Gerente General de la empresa pública contra quienes realizan las tareas de control que constituyen limitaciones, que resulta necesario informar a la opinión pública:
- En el caso de la adquisición del biodiésel B100 se han detectado limitaciones en la recopilación de testimonios y declaraciones por parte de los funcionarios de PetroPerú involucrados en la investigación, negándose a prestar testimonios aduciendo haberlos brindado a la Fiscalía. La Contraloría y el Ministerio Público tienen funciones distintas bien definidas en la ley.
- En el marco de las investigaciones sobre el supuesto uso irregular de un vehículo asignado a la Gerencia General de PetroPerú se procedió a requerir oportunamente la respectiva información sustentatoria. La empresa brindó información parcial y que no responde claramente a las preguntas formuladas por el órgano de control, lo que consta en documentos oficiales.
- Adicionalmente, el 18 de febrero, se efectuaron llamadas telefónicas desde la Gerencia General de PetroPerú a la jefatura del OCI para reclamar de manera airada, lanzando improperios y se amenazó con represalias contra el jefe y el personal del mencionado OCI, de acuerdo a lo informado por el jefe del OCI de PetroPerú.
- Dichas amenazas se materializaron con el retiro, sin previa coordinación, de los abogados asignados al OCI, que venían participando de las investigaciones, entre otras restricciones.
Estas conductas limitan y obstruyen el ejercicio del control gubernamental y contravienen las disposiciones que señalan que los funcionarios y servidores públicos están sujetos al control que ejerce la Contraloría.
Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio del control gubernamental, es una infracción considerada como grave por contravenir la ley de conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría General de la República.
Los hechos antes mencionados han sido comunicados al Presidente del Directorio de Petroperú y serán oportunamente comunicados al Ministerio Público para que actúen de acuerdo a sus competencias.
