ERP. La Contraloría General de la República detectó, a través de diversos servicios de control posterior, un perjuicio contra el Estado valorizado en aproximadamente S/ 2502 millones durante el 2021 debido a irregularidades cometidas en el accionar de 7740 funcionarios y servidores públicos en diversas entidades estatales a nivel nacional, reveló el contralor general, Nelson Shack.
Durante una jornada informativa con medios de comunicación para dar su balance de gestión del control gubernamental en el 2021, se informó que con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditorías de Cumplimiento (AC) y Servicios de Control Específico (SCE), se examinaron recursos públicos por S/ 18 606 millones, de los cuales se realizaron observaciones al manejo de S/ 5954 millones y se determinó un perjuicio económico de S/ 2502 millones.
“Con el control posterior (Auditorías de Cumplimiento y Servicios de Control Específico) hemos determinado numerosos hechos irregulares en las entidades públicas y presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en 7740 funcionarios y servidores públicos. En total hemos identificado 15 526 responsabilidades, de las cuales 8514 son administrativas, 3706 son civil y 3306 son de índole penal”, subrayó.
Entre los casos emblemáticos de mayor impacto realizados en el 2021 figura el perjuicio de más de S/ 1100 millones en la refinería de Talara debido a la demora en la ejecución de las obras de la Unidades Técnicas y Trabajos Complementarios; los “pagos fantasmas” por más de S/ 36 millones en municipalidades y gobiernos regionales; las demoras en obras relevantes como el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en Puno o la autopista Pimente – Chiclayo de Provías Nacional, entre otros.
Shack Yalta indicó que el año pasado se concluyeron 35 823 informes de control gubernamental, de los cuales 22 182 corresponden al control simultáneo, con el que se alertaron situaciones adversas a los gestores públicos, y 13 472 son de control posterior, que identifican irregularidades y a sus responsables.
Los informes de control simultáneo permitieron detectar un total de 36 742 situaciones adversas en diversas entidades públicas y el 49% (17 995 situaciones adversas) se detectaron gracias a la modalidad de control concurrente que ejecuta la Contraloría, con la cual se brinda un acompañamiento a las intervenciones públicas.
Sin embargo, el titular de la Contraloría lamentó que en el 53% (19 484) de situaciones adversas detectadas no se han tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que en el 37% (13 535) si se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse.
Por nivel de gobierno, la mayor cantidad de situaciones adversas sin acciones correctivas se aprecian en los gobiernos locales con un total de 13 418, lo que significa el 60% del total de situaciones detectadas en dicho nivel (22 395); le siguen los gobiernos regionales con 55% (3146) del total (5725) y a nivel del gobierno nacional se tiene el 34% de situaciones sin acción alguna.
Agenda 2022
Con miras a la labor de la Contraloría en el 2022, Shack anunció que se tiene previsto realizar 35 735 servicios de control, de los cuales 19 184 son de control posterior, 16 454 son de control simultáneo, y 97 de control previo.
Muchos de esos servicios de control se ejecutarán como parte de diversos operativos sectoriales a nivel nacional, tales como: “Buen Inicio del Año Escolar 2022”, “Prestación del servicio de Limpieza Pública en municipalidades”, “Empresas de Saneamiento”, “Universidades Públicas”, “Empresas de Gestión Eléctrica” y “Supervisión de gastos en consultorías”.
A estos se suma la labor de control que se realizará en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y los 12 Megaoperativos de Control a desarrollarse en las regiones de Pasco, Madre de Dios, Arequipa, Junín, Cusco, Lima Metropolitana, Tacna, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, San Martín y Lima Provincias.
Otro hito importante en el control gubernamental del 2022 será la ejecución de las Auditorias de Cumplimiento y de Desempeño a procesos misionales del Estado, con las que se verificará el cumplimiento normativo, así como la gestión eficiente de los recursos públicos. Además, se realizarán “Auditorías a las personas”, que incluyen a los funcionarios claves en la gestión pública nacional.
También se realizará un operativo de control a funcionarios claves en la gestión pública. Una alerta de control, como resultado de la interoperatibilidad en el análisis de información y comportamientos que analizan los equipos de control, ha detectado que se habría favorecido a autoridades, funcionarios y familiares con contrataciones irregulares con el Estado. Al respecto, Shack mencionó que en el período 2019-2021 se ha detectado que 94 autoridades del gobierno nacional, regional y local y/o sus parientes habrían contratado con el Estado pese a estar impedidos por la Ley de Contrataciones.
“Estos actos irregulares, que serán auditados, representan 294 procesos de contratación por un importe de S/ 561.9 millones de recursos públicos en obras y servicios adjudicados”, anotó.
Investigaciones en curso
El Contralor General también se refirió a las investigaciones en curso, entre ellas el registro y publicación de la agenda de actividades y visitas del Despacho Presidencial, y adelantó que en las próximas semanas se emitirán los informes de control posterior respectivos.
Asimismo, manifestó que en el transcurso del mes de marzo se conocerán los resultados de los servicios de control relacionados a la compra de biocombustible de Petroperú y combustible por parte de la Fuerza Aérea del Perú, así como las designaciones en PerúPetro y las licitaciones realizadas por Provías Nacional.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar el proyecto de ley enviado por la Contraloría para establecer requisitos mínimos para la designación de funcionarios públicos. Adelantó que en relación a las designaciones en PerúPetro, ya la Contraloría acreditó una comisión de control, y entre hoy y mañana se acreditará una comisión de control ante la Procuraduría General y el Ministerio de Justicia para la recopilación de información y revisión de los antecedentes sobre las designaciones de funcionarios.
