ERP. La Contraloría General ha registrado a la fecha 257 621 Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) presentadas por autoridades, funcionarios y servidores públicos de todo el país, con la finalidad de prevenir y evitar posibles conflictos de interés en la administración pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 31227.
De acuerdo a la información registrada por las máximas autoridades administrativas de las diversas entidades del Estado, las personas obligadas a presentar las DJI a nivel nacional son 292 566, por lo que estarían pendientes y/o en proceso de registro la presentación de 34 mil 945 DJI.
Desde el 31 de agosto al 29 de octubre de 2021, se han registrado a través del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI), 251 621 DJI, de ellas 21 131 se han concretado con firma digital, y por ende, concluyeron con la presentación.
En tanto, que en el SIDJI también se ha registrado 236 490 DJI que al carecer de firma digital concretan el ciclo de presentación con firma manual conforme lo establece la Ley.
En tal sentido, el máximo organismo de control hace un llamado a las entidades para que exhorten a sus funcionarios y servidores públicos que registraron y enviaron su DJI con firma manual a concluir con este último paso de presentación en nuestros más de 200 puntos de recepción en todo el país, lo contrario significará que la DJI se dé por no presentada. La presentación también se puede concretar de manera grupal.
Cabe precisar que la Contraloría mantiene habilitado el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses a fin de recibir las DJI que se presenten de manera extemporánea por un plazo perentorio, accediendo al siguiente link .
Transparencia y acceso a DJI:
Las DJI cuyas presentaciones fueron concluidas se encuentran disponibles en el portal web de la Contraloría, pudiendo acceder con total transparencia y oportunidad.
Considerando que la presentación de la DJI es un requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública, según la Ley N° 31227, las entidades públicas del gobierno nacional, regional y local son responsables de iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios contra las personas que, pese a estar obligadas y obligados no hayan cumplido con la presentación respectiva, conforme a ley. En ese sentido, se les exhorta a los organismos estatales a iniciar el proceso de verificación de aquellos funcionarios y servidores que no hayan cumplido con el mencionado procedimiento.
