ERP. En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Perú, el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, se presentó en la sesión virtual de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso para detallar los resultados de la auditoría a la Cuenta General de la República del año 2020, la cual es producto del análisis de la información proporcionada por 2386 entidades públicas integradas de un universo total de 2409 a nivel nacional.
Sobre el dictamen referido a los Estados Financieros, la auditoría concluyó con “Opinión calificada con salvedades”, debido a que no se obtuvo evidencia suficiente y apropiada que permita emitir una opinión de auditoría sobre la razonabilidad de diversas cuentas del activo por un importe de S/ 109 112 millones. La Contraloría tuvo diversas limitaciones como falta de acceso a la información por el principio de reserva tributaria, incertidumbre de valor por deterioro de activos fijos, falta de soporte documentario en cuentas por cobrar de años anteriores y obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal.
Además, la salvedad está relacionada a que diversas cuentas del activo se encuentran sobreestimadas en S/ 7141 millones, al no haberse registrado provisiones por deterioro y/o transferencias de activos fijos y hubo cuentas subestimadas en un importe de S/ 16 169 millones por no haberse registrado activos concesionados y otros bienes que generan beneficios económicos; que, de haberse registrado los ajustes correspondientes, el patrimonio neto hubiera aumentado en dicho importe.
En el caso de los Estados Presupuestarios, Estados de Tesorería y los Estados de la Deuda Pública, se emitieron dictámenes de “Opinión limpia”, es decir, que dichos estados han sido preparados y presentados razonablemente en todos los aspectos, conforme a la normativa aplicable.
Recomendaciones
A fin de superar las situaciones advertidas, se emitieron recomendaciones, como por ejemplo, al Congreso de la República se sugiere que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República retome el análisis y debate del Proyecto de Ley N° 7307/2020-CGR, presentado por la Contraloría, que modifica el artículo 4 y numeral 29.2 del artículo 29 del Decreto Legislativo N° 1411, referidos a la incorporación de las Sociedades de Beneficencias Públicas en el Sistema Administrativo de Contabilidad y así también puedan estar sujetas al sistema de control gubernamental.
Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se propuso que emita lineamientos para que los pliegos efectúen el adecuado seguimiento de los aspectos relacionados con las Controversias Internacionales de Inversión; vigile la adecuada aplicación de la normativa contable respecto al reconocimiento de los contratos de concesión e incorpore, en la Cuenta General de la República 2021, el análisis de los aspectos económicos que comprenda el impacto sobre las finanzas públicas de la contracción de la economía y las medidas adoptadas por el gobierno.
Asimismo, se recomendó que implemente los mecanismos para impulsar acciones que propicien el involucramiento de los Gobiernos Regionales y Locales en la aplicación de la estrategia de los programas presupuestales y ejecuten acciones para mejorar el seguimiento a la ejecución y programación de recursos de la inversión pública, impulsando e incentivando la capacitación en todos los niveles de gobierno del personal a cargo del planeamiento y presupuesto.
Proyectos de ley
Entre las iniciativas legislativas expuestas por el titular de la Contraloría, y que están a la espera de aprobación por parte del Congreso, está el proyecto de Ley N° 138/2021-CGR que establece medidas para la expansión del control concurrente que permita ejercer un acompañamiento para alertar y advertir oportunamente situaciones adversas durante la ejecución de obras y servicios.
Además, resaltó la propuesta legislativa para garantizar la continuidad de proyectos de inversión para la provisión de infraestructura u obras paralizadas, descrito en el proyecto de Ley N° 3995/2018-CGR. Ello permitiría continuar y concluir los proyectos que requiere la población, y que hoy suman más de 3 mil obras a nivel nacional, que representan una inversión de S/18 mil millones.
Finalmente, recalcó ante la comisión, la propuesta de Ley N° 00031/2016-CGR que busca establecer el marco legal para la ejecución de obras públicas por administración directa y el proyecto de Ley N° 6566/2020-CGR que propone sistematizar información que permita ejercer control sobre las contrataciones públicas, a través del uso de tecnologías de la información para un efectivo control de los recursos públicos.
