ERP. El secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, destacó que el discurso del presidente Pedro Castillo define un conjunto de objetivos que considera prioritarios para su gobierno y lo importante es que todas las propuestas están dentro del marco de la Constitución.
"Por tanto, pueden discutirse, más allá de si algunos están de acuerdo, si hay críticas o no; estas propuestas pueden discutirse dentro del sistema democrático", declaró Lanegra a la Agencia Andina.
El representante de Transparencia sostuvo que los objetivos que se ha planteado el Mandatario requieren de un conjunto de detalles, definiciones y cuál será el camino que permita concretarlos.
En el caso de los hospitales, indicó que se necesitan definir costos y que el financiamiento cuadre con el presupuesto público; además de las necesidades en cada región, entre otros aspectos.
"Y finalmente tener en cuenta que más allá de buena voluntad al definir el objetivo, el encargado de hacerlo cumplir en gran medida es el Estado; aunque puede hacerlo en alianza con otros actores no estatales, el Estado es el gran protagonista", subrayó.
Asimismo, consideró positivo que se priorice la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, ya que corresponde a la necesidad pública en este momento.
"El tema ha generado mucha coincidencia y está muy bien que se haya colocado como una prioridad y que se establezca como primera meta completar la vacunación universal este año", enfatizó.
Dijo que se ha demostrado que el país tiene la capacidad de alcanzar la inmunización universal. "Hay con qué, recursos, equipos, personal y una experiencia ganada. Es una meta claramente viable", afirmó.
Lucha anticorrupción
En cuanto a la lucha contra la corrupción, opinó que más que poner énfasis en el tema de las sanciones lo importante es combatir la impunidad.
En este eje destacó el anuncio sobre fortalecer el sistema de justicia, lo que pasa por instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial y la Contraloría General de la República.
Además, consideró que se podría tomar en cuenta la política pública de reforma de justicia aprobada por el gobierno saliente.
