ERP. El fiscal José Domingo Pérez, quien realiza la investigación de presuntos actos de corrupción cometidos por Keiko Fujimori Higushi, solicitó de manera formal al Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Víctor Zúñiga, la suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular por el plazo de dos años y medio, se entiende hasta que se determinen responsabilidades.
Fuerza Popular es una organización política, presuntamente receptora de dineros ilícitos y que habría sido el soporte para que Keiko Fujimori y otros investigados realicen actos anómalos. Incluso, consecuencia de esta investigación, la lideresa se encuentra con prisión preventiva, modida que fue modificada por razones del coronavirus. De acuerdo a la carpeta fiscal, existen evidencias y testimonios de testigos claves que demuestran los presuntos delitos.
“A tenor de lo establecido en el artículo 113° del Código Procesal Penal en concordancia con el inciso 1, literal c, artículo 23 de la Ley N°30077-Ley de Crimen Organizado, el equipo especial de fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, el primer despacho solicita ante su respetable despacho, se sirva a disponer suspensión temporal de las actividades políticas por un plazo de dos años y medio”, según el documento presentado al Poder Judicial por el fiscal Pérez.
Fiscal José Domingo Pérez pide suspensión temporal de partido Fuerza Popular
De acuerdo a la legislación peruana, pese a las limitaciones de derechos de Keiko Fujimori, podria participar como candidata en las elecciones generales y además, estructurar listas, de recortarse y definirse la suspensión laboral, no podría participar con esta organización. Corresponde el magistrado Zúñiga definir sobre el participar, que ya recibió varias críticas de los parlamentarios de esta organización.
El Fiscal José Domingo Pérez Gómez investiga a Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos porque habría recibido un millón de dólares por parte de la empresa Odebrecht para la campaña de la hija de Alberto Fujimori. Posteriormente, se conocieron testimonios de otros personajes o empresarios peruanos quienes dijeron que entregaron dinero en efectivo a Keiko Fujimori, el cual no fue declarado como establece la legislación peruana.
