ERP. Para muchos la libertad de Keiko Fujimori, por parte del Tribunal Constitucional, no consideró la posición del Poder Judicial y podría aplicarse de nuevo; sin embargo, la decisión de enviar a prisión preventiva de la hija del expresidente Alberto Fujimori, se encuentra en decisión del juez Víctor Zúñiga, el cual podría adoptar esta medida, tras haberse culminado todas las audiencias sobre el caso.
En efecto, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, a cargo de Víctor Zúñiga, lleva a cabo hoy la última audiencia para evaluar una solicitud de prisión preventiva por 36 meses solicitada por el Ministerio Público en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En la diligencia judicial, programada a partir de las 09:00 horas en el juzgado ubicado en la avenida Tacna N° 734, Cercado de Lima, se espera que el magistrado tome la decisión sobre el requerimiento de la Fiscalía.
Tras la audiencia del sábado último, surgió una polémica cuando el fiscal del equipo especial del Ministerio Público, José Domingo Pérez, consideró que Keiko Fujimori debía presentarse hoy para escuchar la decisión del juez Zúñiga.
"Ella puede, antes que se cierre la audiencia, presentarse y decir lo que más le convenga a su defensa, pues se trata de su derecho a la última palabra", manifestó.
A la vez, Giuliana Loza, abogada de la excandidata presidencial, consideró innecesario que su patrocinada asista hoy al juzgado. No es obligatorio que la lideresa de Fuerza Popular (FP) acuda a la cita porque -sostuvo- quien hace uso de la palabra es ella.
"No es necesario y no se trata de ningún desprecio. Solo es hacerse respetar. Ningún ciudadano está obligado a venir a una audiencia de prisión preventiva", declaró la letrada.
Keiko Fujimori recuperó su libertad el pasado 29 de noviembre luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la orden de prisión preventiva que cumplía desde noviembre del 2018.
El TC declaró fundado un pedido de habeas corpus que había presentado Sachie Fujimori a favor de su hermana.
Keiko Fujimori es investigada por presuntamente haber recibido aportes ilícitos para financiar las campañas electorales de Fuerza 2011 y Fuerza Popular.
